Durante varias décadas el sector eléctrico ha estado en la palestra púbica criolla como uno de los más polémicos, conflictivos y despilfarradores de la economía nacional, por consiguiente, de los impuestos que pagamos al Estado dominicano millones de ciudadanos. Desde la época de “las chichiguas de Julio Sauri”, donde el entonces administrador de la extinta CDE, culpaba a las chichiguas y los tenis colgados en los cables del tendido eléctrico como los responsables de los abusivos y tormentosos apagones. Luego pasamos por la capitalización de Leonel Fernández (1996-2000), la creación de las empresas distribuidoras y finalmente por acuerdos leoninos, como por ejemplo, el Acuerdo de Madrid.
El proceso de capitalización del sector eléctrico en el gobierno de Leonel Fernández, trajo como consecuencia la firma de acuerdos de contratos de compra y venta de energía entre generadores y distribuidores por un período de cinco (5) años, partiendo de su fecha inicial los mismos expiraban en el año 2004. Sin embargo, para favorecer intereses y grupos económicos del país y del exterior, fue firmado “El Acuerdo de Madrid”, en el año 2001 bajo el gobierno de Hipólito Mejía, con los argumentos de que en dichos contratos anteriores se especificaba la fórmula de indexación del precio de la energía en base al Fuel Oil No.2, como único combustible.
Las nuevas reglas trajeron cambios oportunos, los que hacían la modificación y fijaban el nuevo precio en función del tipo de combustible que se utilizaría para la generación de la electricidad a partir de la fecha. Agregándole la ñapa de 12 años más de duración de dicho contrato. ¡El 31 de julio de 2016 era la fecha de expiración… parecía muy lejos, pero por fin llegó!
Ahora, y como ave de rapiña detrás de su nueva presa para saciar su apetito voraz y depredador, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) deplora que las autoridades del sector eléctrico no hayan convocado una licitación nacional e internacional para sustituir dichos contratos como lo establece la ley que norma ese sector.
Estos vampiros del sector eléctrico-privado están tratando de chantajear al Estado dominicano provocando los famosos apagones financieros y poniendo como condición para la firma del “Pacto Eléctrico”, que se les conceda de nuevo este jugoso contrato, además de que las plantas a carbón que construye el gobierno les sean entregadas para su administración, ya que, según ellos, el Estado no es buen gerente. Nosotros les recomendaríamos a esos empresarios que formen un partido político y que acudan a un proceso electoral democrático y abierto para que le consulten al pueblo y país dominicanos si están de acuerdo o no en que ellos sean quienes administren la cosa pública para favorecer, primero y sobre todo, sus intereses privados.
Fuentes consultadas nos dan la información de que el Estado dominicano, consigna en el Presupuesto Nacional de cada año la suma promedio de 43 mil millones de pesos solo para el subsidio eléctrico. Todo esto se hace supuestamente para evitar una carga tan pesada para los consumidores finales de este servicio, sin embargo, todos sabemos que este ha sido un gran y muy lucrativo negocio tanto para los generadores como para los distribuidores.
El pueblo consumidor siempre ha sido “La Cenicienta” de esta historieta, desafortunadamente es el actor social que le toca cargar con la parte más pesada. Es hora de que el gobierno dominicano tome el toro por los cuernos de una vez y por todas, y decida como Estado enfrentar la situación eléctrica del país sin aceptar presión ni chantaje del sector privado.
Por: Jesús Belén de la Cruz
