Los pactos políticos y sociales entre los distintos actores activos de la sociedad son importantes en todos los órdenes y contribuyen a encontrar soluciones a las distintas problemáticas existentes. Esto es entendible y correcto por demás.
Luego de que el Presidente Danilo Medina planteara la necesidad de un Pacto Fiscal, apelando a los distintos actores sociales, políticos y económicos del país, para el sector empresarial nacional, así como para la llamada sociedad civil organizada, se ha desatado un avispero que algunos pudieran pensar que un Cataclismo o Armagedón estuviera por ocurrir en nuestra bien amada República Dominicana. Y todo porque el gobierno habló de corregir ciertas evasiones de impuestos y de limitar algunas exenciones fiscales.
En la agenda del gobierno central se han planteado tres grandes pactos nacionales, el Educativo, el Eléctrico y el Fiscal, los dos últimos están pendientes de consensuar y aprobar. Para dicha aprobación se requiere del concurso de toda la sociedad y sus actores más comprometidos con las problemáticas social, económica y política.
Ahora resulta que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), se está planteando, según las propias palabras de su presidente, Rafael Blanco, un “Pacto Político y Social entre los actores determinantes de los sectores políticos, sociales y económicos para contribuir a la viabilidad de los pactos sectoriales”. Y esto lo plantean como un pacto previo, es decir, una condicionante para poder participar y aprobar los dos pactos pendientes contenidos en la agenda gubernamental, y que por demás están contenidos en la “Estrategia Nacional de Desarrollo”.
Participación Ciudadana, entidad no partidista entre comillas, que disfruta de jugosos privilegios y pingues beneficios en dólares y en pesos, no se hizo esperar y salió rauda y veloz a defender lo que ellos llaman el “Gran Pacto Político-Social por la institucionalidad democrática” del CONEP. En principio, dicho pacto no es malo per se, es parte del juego democrático, pero cuando este se lo plantean como una condicionante para la aprobación de los pactos nacionales dispuestos por el gobierno, entonces si podemos decir que esto tiene cocoricamo.
Se trata de un chantaje del sector empresarial para presionar al gobierno y poner ciertas condiciones para que no les sean tocados sus intereses. A los hombres de empresas no les importa la suerte de los millones de dominicanos que se benefician de los distintos programas sustentados por la aplicación de una política social justa y equitativa emanada desde el gobierno central, y para esto se requiere que los ricos y poderosos empresarios aporten un poco más de sus ganancias y que dejen de evadir sus compromisos fiscales con el Estado.
Participación Ciudadana llamó a las demás organizaciones de la sociedad civil y a políticos opositores a expresar su decisión, de unir esfuerzos para iniciar los trabajos que concluyan con la implementación de un “Gran Pacto Político-Social por la institucionalidad democrática del país”, que según ellos “por su carácter y contenido debe preceder y ser fundamento de los pactos Eléctrico y Fiscal pendientes, -los cuales según ellos- confrontan evidentes dificultades”.
Más claro de ahí no canta el gallo, los empresarios y sus voceros juveniles de PC están usando su poder económico y mediático para oponerse a todo tipo de reforma o Pacto Fiscal que les lleve a ser más responsables y transparente con el Estado, quien debe velar por todos y todas los dominicanos y dominicanas, sin distingo social, de raza o de credos religiosos.
Los empresarios le huyen como el diablo a la cruz a todo lo que huela a temas de impuestos o transparencia fiscal. Quieren doblarle el pulso al gobierno, pretenden imponer el chantaje y la presión como un reclamo social anti gubernamental. Se comenta que ellos exigen les entreguen las dos plantas a carbón que construye el gobierno para ser sus administradores, y esto a cambio de aprobar el Pacto Eléctrico.
Procuran imponer figuras propias de su sector en el tema de la escogencia de las Altas Cortes, y buscan algunos acuerdos en privado (bajo la mesa de negociación) para la aprobación del Pacto Fiscal propuesto por el Estado. Como pueden ver señoras y señores estos empresarios no son santos ni mucho menos transparentes a la hora de transparentar sus compromisos con el Estado. Esa es una verdad axiomática que se puede ver a legua.
Danilo Medina ganó las elecciones con un 62% de los votos. El pueblo dominicano le otorgó facultad para gobernar por cuatro años más porque lo ha hecho bien y ha prometido hacerlo mejor. El presidente debe seguir con su agenda de gobierno y no detenerse ante el burdo chantaje de estos sectores que solo buscan defender sus propios intereses económicos. Los partidos y grupos opositores perdieron las elecciones y los empresarios son dueños de sus empresas y les ha ido muy bien.
Al Cesar lo que es del Cesar… zapatero a sus zapatos. Le corresponde al gobierno central hacer lo que sea apropiado para defender y proteger a los pobres y desvalidos que solo el Estado puede abogar por ellos. Ni el chantaje ni la presión mediática de estos sectores impedirán que el gobierno aplique sus medidas impositivas para garantizar seguir implementando sus planes sociales a favor de los que menos pueden.
Por: Jesús Belén de la Cruz
