Una larga y fina línea roja une en España el mercado de trabajo, las pensiones y el ahorro. Esa línea es significativa porque determina, junto con la estructura fiscal, íntimamente relacionada con los tres puntos mencionados, la calidad del Estado de bienestar de la sociedad española. El retrato no es halagüeño. Más de 6 millones de trabajadores, es decir, el 34% del total, percibe salarios que están por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI); otros 2,3 millones de trabajadores están encuadrados en el tramo inmediatamente superior, que es el que coloquialmente ha venido llamándose mileurista. En otras palabras, un poco menos del 50% de los trabajadores españoles recibe ingresos que dificultan, si no imposibilitan, cualquier esfuerzo de ahorro. Y si casi la mitad de los asalariados no dispone de capacidad para ahorrar, ¿cuál es la expansión potencial del mercado de los fondos privados de pensiones?
Cuando se reclama desde los mercados financieros que el ahorro atesorado en pensiones públicas, en alerta permanente de colapso, se olvida otro indicador fundamental: la rentabilidad de las pensiones privadas es ser notablemente inferior a la que se registra en otros países europeos. Los bancos deberían tener en sus ventanillas un cuadro comparativo de la rentabilidad que obtienen cada 100 euros depositados en un plan de pensiones aquí y en el resto de la eurozona. Suban los bancos las retribuciones de los fondos y ya se verá si aumenta el ahorro para la jubilación.
Tiene razón el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, cuando pide que las clases medias se incorporen al ahorro privado en pensiones. Pero para conseguir ese objetivo —no hay tarea fácil— hay que cubrir un largo y penoso trayecto, que empieza por un proyecto de subidas salariales moderadas pero predecibles y continúa con una nueva estructura fiscal para los fondos. Tal como está diseñada hoy la carga fiscal, solo es atractiva para los estratos de renta anual situados entre los 60.000 y los 150.000 euros. A mayor renta, mayor ahorro fiscal por un plan de pensiones, porque la reducción de la base imponible permite bajar la cantidad sobre la que se grava el tipo marginal. Otro alivio fiscal. El beneficio tiene que extenderse a las rentas medias. Lo que pide Granado.
Fuente: El País/ Jesús Mota
