Por: Jesús -Belén- de la Cruz
Director
Cuando el día 9 de mayo del año 2001 fue promulgada la Ley No. 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) a todos se nos vendió la falsa idea de que con ella se estaba suministrando la panacea idónea para erradicar el viejo y desfasado Sistema de Seguridad Social, para sobre sus ruinas construir una nueva estructura donde la transparencia y la equidad fuesen sus normas fundamentales.
El novedoso sistema en cuestión entró en vigencia formalmente en el año 2003. A su llegada hubo fiesta en la clase política nacional y, al parecer, se habría destapado una gran piñata bicameral. Unos pocos estaban contentos y felices, pero la gran mayoría no sabía lo que se les preparaba tras bastidores.
En sus motivaciones y considerandos los creativos del plan maestro nos invitaban a disfrutar de la dulce miel de nuestros ahorros, donde, aparentemente, el Estado estimularía el desarrollo progresivo de la seguridad social, una vez llegáramos al ocaso de “la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”.
A los ahorrantes se les tomó el pelo de manera vil cuando los “genios” creadores de esta ley de marras les decían que abogaban por “la creación de un sistema dominicano de seguridad social que contribuya, en forma efectiva, al mejoramiento de la calidad de vida, a la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales; a la protección de los desamparados y discapacitados, así como a elevar la capacidad de ahorro nacional e individual y a la sostenibilidad del desarrollo económico y social”, pero todo era una total mentira.
Por lo visto, esta gran estafa bancaria fue organizada y justificada tanto en términos legales como constitucionales, cuando establece que “es impostergable dotar al país de un sistema de protección de carácter público y contenido social, obligatorio, solidario, plural, integrado, funcional y sostenible, que ofrezca opciones a la población, que reafirme sus prerrogativas constitucionales, tanto colectivas como individuales, y al mismo tiempo, que reconozca, articule, normalice y supervise las diversas instituciones públicas y entidades privadas del sector, eliminando las exclusiones, duplicidades, distorsiones y discriminaciones”.
A partir de este momento todos fuimos vendidos como vacas para el matadero de los grandes bancos nacionales para que estos hicieran con nuestro dinero lo que saben hacer con su poder económico y, sobre todo, con el apoyo total de la clase política del país, quienes le dieron base legal a este adefesio desde el Congreso Nacional.
Las principales AFP están organizadas en la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), entidad compuesta por las cinco principales AFP de la República Dominicana, quienes representan, en conjunto, a más del 98% de los afiliados y de los fondos de pensiones administrados en el sistema de capitalización individual. Indudablemente este es el gran negocio del siglo.
A partir de la presente ley, las contribuciones son financiadas con un nueve punto noventa y siete por ciento (9.97%) del salario cotizable. De los cuales el siete punto diez por ciento (7.10%) corresponde al empleador y el dos punto ochenta y siete por ciento (2.87%) se descontará al trabajador afiliado.
Además de los pingües beneficios que reciben las AFP con la administración del dinero de sus afiliados, estos, por ley se cobran el equivalente a un 30% por el manejo de las cotizaciones. Como se puede observar, a los creadores de este sistema financiero hay que darle un premio Nobel de economía multiempresarial. Son unos verdaderos genios de la banca nacional.
Se trata de “la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para uno”. Este entramado societario con ribetes de estafa financiera de cuello blanco, maneja a discreción 2,344 millones de pesos de los cotizantes fallecidos, alrededor de 42,000 personas, pero son capaces de hacer un show mediático en la página web de la ADAFP, titulando: “La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) informó que las AFP han entregado RD$407 millones como herencia a familiares de afiliados fallecidos entre abril y junio de 2021”. Chupe usted y déjeme el cabo.
Según el portal de ADAFP, los miembros de la entidad son la AFP Crecer, AFP Popular, AFP Reservas, AFP Romana y AFP Siembra. Entre ellas manejan el patrimonio de RD$801,465.21 millones de pesos, monto que representa un 17.57% del Producto Interno Bruto (PIB).
Partiendo de las estadísticas de la Superintendencia de Fondos de Pensiones (Sipen), al mes de julio de 2021, 4.3 millones de personas están afiliados a estas estructuras económicas, cuya función principal es administrar los dineros de los trabajadores, los que en realidad son usados para enriquecer cada día más sus arcas bancarias multimillonarias.
Los inventores de esta gran estafa bancaria con base legal, como haciéndose los bondadosos y cumplidores de la responsabilidad social, se vanaglorian al decir que, a la fecha, “la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), desde el inicio del estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19 hasta marzo de 2021, las AFP han entregado más de RD$8,633 millones a afiliados que ingresaron al sistema con 45 años o más”. Solo marketing publicitario y nada más.
Lo que no dicen los magnates de las AFP es que a ningún cotizante se le dio a leer contrato alguno para que estos conocieran los términos contractuales de aquella trama bancaria. Como tontos útiles, los cotizantes fueron metidos a una trampa con pliegos de condiciones desconocidos. Entonces, cuando llegan a una edad avanzada y tienen unos fondos ahorrados con los cuales se han hecho la ilusión de diseñar un plan de retiro digno, es ahí cuando despiertan de aquella horrible pesadilla.
Cuando más lo necesitan, de inmediato aparecen aquellas mil y una condiciones que nunca les dieron a leer cuando los metieron al plan. Como, por ejemplo: Que si ingresó antes o después de los 45 años. Que si están próximos o si pasan de los 60 años. Y, sobre todo, si tienen cerca de 2,000,000.00 (dos millones de pesos), ahí es que la puerca retuerce el rabo. Les ponen todos los periquitos para no entregarle la totalidad de su dinero y por lastima les imponen una pensión de 12,000 pesos mensuales por 10 o 15 años. Definitivamente, el que creó esta ley se inventó su trampa.
Relacionado con la cantidad de dinero que mueven estas entidades bancarias, los beneficios que devuelven a los cotizantes son realmente pírricos e irrisorios. Resaltar que han beneficiado 12,833 personas por discapacidad, pensionado a 10,064 por sobrevivencia y otorgado 171 pensiones por retiro programado, para un total de 23,105, es definitivamente algo ridículo y alarmante.
Es tan claro y abusivo el engaño de las AFP contra los ahorrantes, que si una persona acude a un banco relacionado con la AFP a la que está afiliado y solicita un financiamiento para la compra de una vivienda de bajo costo o simplemente para hacerle frente a una enfermedad catastrófica con medicamentos de alto costo, nadie le reconoce tales ahorros como una garantía económica.
Hurgando un poco por la Sipen y la ADAFP, como Diógenes con su linterna, “buscando hombres honestos”, nos damos cuenta que el 80% de los ahorros de los fondos de pensiones están en títulos financieros en el Banco Central de la República, en condición de préstamos para amortiguar deudas públicas y controlar el déficit fiscal, por lo que el Estado paga cuantiosas sumas de dinero en intereses a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Lo que deja claro que, la presente ley es una verdadera estafa, resultado de una alianza público-privada, de la que nada ni nadie nos puede defender. Las AFP, desde su creación hasta el día de hoy, cuentan con el respaldo y protección del Estado dominicano, de los distintos partidos y de los empresarios privados. Se trata de una lucha desigual y muy difícil de ganar. Sin embargo, vale la pena denunciar y demandar nuestros derechos ciudadanos.
