Por: Jesús -Belén- de la Cruz
Director
“Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año los funcionarios corruptos se roban 2,6 billones de dólares, lo que equivale a un 5% del PIB mundial. Además de esto, la entidad afirma que anualmente se paga un billón de dólares en sobornos”.
La “Constitución de Moca”, proclamada el 27 de febrero de 1854, es la responsable de la existencia de un órgano fiscalizador de los fondos públicos, creado mediante el artículo 127, donde establece una Cámara de Cuentas Permanente. No es sino hasta el 22 de mayo de 1855 cuando el Senado Consultor vota la Ley núm. 388, que crea de manera definitiva la Cámara de Cuentas.
Todo tiene su historia cuando a Juan Pablo Duarte, para dirigirse a su viaje a Sabana Buey, Baní, donde se encontraría con el General Pedro Santana, se le entregó la suma de 1,000.00 pesos fuertes, con los cuales debía cubrir su recorrido militar. De estos fondos recibidos, este solo gastó 173.00 pesos fuertes, y el 12 de abril de 1844, devolvió la suma de 827.00 que le habían sobrado. A esto se le llama rendición de cuentas, frugalidad y transparencia en el uso y manejo de los fondos públicos.
A 165 años de la creación de la Cámara de Cuentas de la República, ahora amparada en la Ley 10-04, del 20 de enero de 2004, con su reglamento de aplicación 06-04; los retos en procura de la creación de una cultura de transparencia donde los funcionarios públicos, las entidades descentralizadas y las organizaciones sin fines de lucro que reciben o manejan fondos del Estado, deban tener un respeto por uso adecuado de estos recursos, se hacen cada vez más fuertes.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año los funcionarios corruptos se roban 2,6 billones de dólares, lo que equivale a un 5% del PIB mundial. Además de esto, la entidad afirma que anualmente se paga un billón de dólares en sobornos. Junto a esto, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que en los países en desarrollo “se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo”.
Con el uso correcto de los fondos públicos se garantiza una mayor y más adecuada inversión social del Estado para el beneficio de las grandes mayorías del pueblo dominicano. Cada vez que un funcionario público se involucra en actos de corrupción, sea por vocación propia o por vinculación con empresarios privados, una cantidad importante de recursos dejan de llegar a las arcas públicas y esto va en detrimento de la sociedad en sentido general.
El ejemplo legado por el patricio Juan Pablo Duarte debe ser emulado por hombres y mujeres vinculados de cualquier manera a los bienes del Estado. La pulcritud, la frugalidad, la transparencia y la honestidad; vinculado esto con la rendición de cuentas y la declaración jurada de patrimonio a tiempo, forman parte de modelos correctos de conducta que todos debemos imitar.
La Cámara de Cuentas de la República, en tanto que guardián permanente de los recursos del Estado, de conformidad con la Constitución y la Ley que la crea, debe garantizar una efectiva fiscalización, verificación y análisis oportuno de los gastos públicos para luego enviarlo mediante un informe anual al Congreso Nacional, donde se estudia y toman las medidas necesarias para cualquier tipo de corrección o mejora.
El órgano fiscalizador de los fondos públicos ha recibido diversas modificaciones a través del tiempo. Su actualización y readecuación se han hecho cada vez más necesarias en estos tiempos. Hoy día, en muchos países, incluyendo EE.UU., se ha ido dando un giro importante en los procesos de fiscalización. Han pasado de la tradicional auditoria financiera y presupuestaria (papeles y números), a la auditoria de gestión (resultados), donde la tecnología y la comunicación juegan un papel de primer orden.
En la actual CCRD se ha incorporado un elemento importante, considerado como una de las áreas sustantivas de las entidades fiscalizadoras, se trata del Control Social, lo que, junto a la auditoría, análisis presupuestario y la declaración jurada de patrimonio, constituyen las cuatro patas de la mesa de la fiscalización, análisis y el control de los recursos públicos.
El Control Social es toda acción de observación, fiscalización, denuncia o intervención por parte de la sociedad con relación a los fondos públicos en manos de funcionarios o cualquier otra persona que haga uso de estos recursos. En muchos casos se realiza una primera participación ciudadana, cuando al ver el comportamiento de ciertos actores, estos veedores realizan su “auditoría visual” y alertan a la entidad fiscalizadora para que actúe en consecuencia con su auditorías especializadas y de Ley.
La República Dominicana no está ajena a las realidades de Latinoamérica, El Caribe y el resto del mundo en materia de lucha contra la corrupción y por la transparencia. En virtud de esto, la CCRD forma parte de diversos organismos internacionales de fiscalización de los fondos públicos. Tales son los casos de: la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCEFS), entre otras.
Es hora de abogar en forma colectiva por una correcta rendición de cuentas. La sociedad dominicana, a través de sus entidades representativas, debe ejercer su Control Social como derecho Constitucional. Marchemos juntos hacia la creación de una cultura de transparencia para beneficio del pueblo dominicano. Si frenamos las malas prácticas en la administración de los fondos públicos, podremos tener mejores inversiones de las instituciones políticas en los aspectos económicos y sociales.
