Por Juan Belén
El pasado sábado 19 de abril, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos emitió una decisión de gran relevancia al suspender temporalmente la deportación de un grupo de detenidos que alegan estar amenazados bajo una ley antigua conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta norma, que data del año 1798, permite al gobierno expulsar a ciudadanos extranjeros considerados hostiles, especialmente en tiempos de conflicto.
Los demandantes han solicitado una orden judicial que impida su deportación mientras se resuelve su situación legal. La Corte, reconociendo la gravedad del caso, ordenó que no se expulse a ninguno de los integrantes del grupo hasta tanto se emita una decisión definitiva. De paso, invitó al procurador general de ese país a presentar sus argumentos formales.
Esta acción de la Suprema Corte no debe ser vista como un simple trámite legal. Por el contrario, es un claro ejemplo del papel esencial que juega el poder judicial en una democracia: actuar como contrapeso cuando uno de los otros poderes podría estar tomando decisiones sin el debido respeto al proceso legal.
Como es natural en un sistema democrático robusto, no todos los jueces estuvieron de acuerdo. Los magistrados Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su disenso, y se espera que este último publique una declaración explicando su postura, posiblemente defendiendo una visión más amplia de la autoridad del presidente en temas de seguridad nacional.
Más allá de los tecnicismos, lo importante es lo que esta decisión representa. En tiempos donde el temor y el discurso de la seguridad tienden a justificar medidas extremas, resulta alentador que una instancia judicial actúe con prudencia. Suspender las deportaciones mientras se analiza el fondo del caso es una señal de respeto al debido proceso, a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
La historia nos recuerda que muchas de las decisiones más valientes de los tribunales han ocurrido en momentos de tensión. Por eso, esta intervención de la Suprema Corte de Estados Unidos debe ser vista como una defensa clara del Estado de Derecho y una llamada de atención a quienes creen que gobernar es actuar sin límites.
En un mundo cada vez más polarizado, donde la legalidad a veces se subordina al impulso político, decisiones como esta merecen ser conocidas, comprendidas y debatidas. No solo porque afectan directamente a miles de personas, sino porque reafirman los principios esenciales de la justicia y la institucionalidad que tanto necesitamos proteger, también aquí en nuestra región.
Lic. Juan Belén
El autor es psicólogo, diplomático y experto en gobiernos locales
Articulista de Gobernanzasdigital.com
