Por Felipe Castro
Para consolidar el progreso sostenible de la sociedad dominicana, es de extrema prioridad sanear la pirámide del poder estatal imperante, desintoxicando de manera paulatina, como se ha venido haciendo desde el 2020, la podredumbre del poder judicial, heredada de la semi dictadura de los 12 años del Dr. Joaquín Balaguer.
La institucionalización del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), fue posible concretizar gracias a la practica ingeniosa y de responsabilidad social que adornaban al Dr. José Francisco Peña Gómez, que, por consecuencia del fraude electoral del 1994, el más grande líder de masas dominicano forzara mediante negociación, en la crisis electoral de la época.
Para ponerle fin al impase electoral de 1994, uno de los puntos que propuso el Dr. Peña Gómez propuso fue la creación del CNM, como órgano rector de la escogencia de los jueces de las Altas Cortes del Poder Judicial dominicano. Lo que hizo desaparecer de manera definitiva la selección de los jueces por reparto y acomodo en favor de los intereses de los funcionarios públicos, cuyos jueces eran elegidos por el Senado de la República.
Resulta que, a propósito de la perención del periodo institucional, para la evaluación de los 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluyendo a Luis Henry Molina, Justiniano Montero, Francisco Jerez, Frank Soto y Manuel Herrera Carbuccia, cuyo período concluyó en abril de 2026.
El Poder Ejecutivo convocó al CNM y aprobó el cronograma de evaluación de dichos jueces. Hecho este, que ha provocado la epidermis hipersensible del oscurantismo político y mediático, haciendo conjeturas prospectivas de selección de posibles jueces adeptos a los intereses del partido gobernante, cosa esta que en su lógica es natural, puesto que el ladrón juzga por su condición.
Para el canibalismo político dominicano, la sanación del Poder Judicial no es su prioridad; sino el muro de contención para la impunidad de sus desafueros de corrupción, de los que hay precedente de sobra como el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), primer ensayo de corrupción de los gobiernos del Dr. Leonel Fernández.
Es bueno recordar, además, los 130 millones de dólares de préstamo de la Sund Land, que el presidente Fernández le cogió intuito persona, sin pasar por el Congreso Nacional, lo que provocó la reacción del “crespón negro” de Jorge Subero Isa. Producto de la presión a la que sometió Leonel Fernández al pleno de la SCJ, para que fallara favorable a sus intereses en dicho caso.
Es difícil olvidar el nombramiento que le otorgó Leonel Fernández al miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Mariano Germán, como Procurador General de la República en pleno debate en favor de la lucha contra la metástasis de la corrupción administrativa de su gobierno, con el proposito de proteger a quien Fernández declaró públicamente que quería como a un hijo, al que en esa época era atacado como el símbolo de la corrupción a quien se le estimó una fortuna de más de 27 mil millones de pesos, producto de el peculado mediante la colusión entre funcionarios de los gobiernos del Leonel Fernández.
A diferencia de los ex presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, que el primero se blindó judicialmente, cuando en el año 2011, a menos de un año para salir de la presidencia de la República hizo escoger como presidente de la SCJ a su Procurador General de la República, Dr. Mariano Germán Mejía, junto a un séquito del Comité Central del PLD, compuesto por Frank Soto (actual Juez SCJ), Alejandro Moscoso Segarra y otros miembros de dicho comité.
Lo propio hizo Danilo Medina en el 2019, quien, antes de salir de la presidencia de la República, escogió como presidente de la SCJ, a Luis Henry Molina Peña, quien renuncio junto a 3 jueces a ser objetos de evaluación, lo que activó la alarma del oscurantismo político y mediático de la oposición.
Sin embargo, el presidente Luis Abinader, como presidente de la República le ha otorgado transparencia a la conformación del CNM y a la selección, tanto de los jueces de las Altas Cortes, como de las máximas autoridades del Ministerio Público, donde los escogidos con credenciales conocidas para esas instancias no han tenido colindancias políticas con el partido en el poder.
El autor es abogado y analista político.
