Por Felipe Castro
La diferencia entre escoger un juez a la carrera, y uno de carrera es que, un juez escogido a la carrera, independientemente de su titulación de grado, asume la posición con un propósito de interés pragmático de protección fáctica de los actos de corrupción, perpetuación de la impunidad judicial y poseer una cuota de poder, aun estando fuera del poder.
Mientras que la escogencia de un juez de carrera, como es el caso del magistrado Justiniano Montero Montero, es una impronta altruista, alejada de practica oportunista. La decisión proviene de un presidente como Luis Abinader, quien no alberga temor por su salida del poder en 2028, porque desde de la presidencia de la República ha tomado como espada de Damocles la transparencia para dirigir su Gobierno, haciendo un gran esfuerzo por adecentar la administración pública.
La selección por el Consejo Nacional de la Magistratura, de un juez de carrera, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, es el hecho de mayor relevancia institucional, similar a la escogencia del Ministerio Público independiente, desde que el padre de la institucionalización de la justicia dominicana, fenecido Dr. José Francisco Peña Gómez, precursor de la creación constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, como órgano rector de la selección de los jueces en la judicatura nacional.
Tres reformas constitucionales han fluctuado en el ámbito de la evolución judicial; dos disruptivas y una involutiva. La primera fue la reforma constitucional del 1994, peleada por el Dr. José Francisco Peña Gómez, en la crisis política producto del fraude electoral que le hizo Joaquín Balaguer y el Frente Patriótico, con Leonel Fernández a la cabeza.
La segunda fue, la reforma constitucional del año 2010, una contra reforma impuesta por el entonces presidente Leonel Fernández, con el solo propósito de que se introdujera, vía constitucional, al procurador general de la República con voz y voto al Consejo Nacional de la Magistratura, y que también se le asignara al presidente de la República el voto de calidad para el desempate, en caso de producirse este en la decisión del CNM, con lo que se atribuyó los poderes para decidir él, como presidente, el destino de la justicia dominicana.
La tercera reforma fue, la del 5 de agosto del 2024, que fue pensada por el presidente Luis Abinader, para el beneficio de la colectividad y para la consolidación de los principios de democracia, transparencia e institucionalidad, concatenada con los principios de origen de su precursor, Jose Francisco Peña Gómez, en la que se extirpó la participación deliberativa del procurador general de la República, reivindicando la Constitución del 1994 y la colocación del candado constitucional anti relección que le puso fin al Estado de caudillismo.
El autor es abogado y analista político.
