Santo Domingo.- La crisis de gestión del sector eléctrico del presente gobierno ha continuado ahondándose, hasta el punto de provocar un conflicto institucional y legal en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, principal planta de generación del país y la única netamente de capital público, que es la que determina el precio al que compran las distribuidoras la energía.
La situación que enfrenta la central termoeléctrica, convertida mediante la Ley núm. 365-22 en Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina S.A., se da por la forma “peculiar” de gestionarla de Celso José Marranzini Pérez, designado mediante el decreto 192-23, emitido el 3 de mayo, vicepresidente ejecutivo del consejo administrativo de la generadora compuesta por dos plantas que producen en conjunto 730 megavatios.
Las violaciones institucionales han quedado evidenciadas en una comunicación enviada el 2 de junio por Celso Marranzi al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y no al presidente de la República, Luis Abinader, que lo nombró, donde prácticamente le informa que César Sánchez, quedó excluido de la dirección del consejo de administración de Punta Catalina al negarse a firmar los estatutos sociales que darían creación Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina S.A.
La negativa de César Sánchez a firmar los estatutos sociales de creación de Punta Catalina como empresa generadora de electricidad pública, le fue comunicada al señor Celso Marranzini por comunicación el 31 de mayo, en la justificó que se encuentra inhibido de firmar porque no se acogieron 14 observaciones que le hizo al borrador, entre ellas que no se estaba cumpliendo con la Ley 365-22.
Pero los conflictos de gestión creados por Celso Marranzi vienen desde lejos, denunció el dirigente del dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Héctor Guzmán, en un comentario en el programa Sábado de La Súper 7, que se produce por la emisora La Súper 7, en la frecuencia 107.7 FM.
Guzmán relató que a César Sánchez también lo bloquearon en la comisión técnica del Ministerio de Energía y Minas, creada mediante el decreto 536-20, para que elaborará y llevará a cabo una licitación pública internacional para la contratación de una firma especializada en plantas termoeléctricas de carbón, con el propósito de encargarle la operación y mantenimiento de las dos unidades de la central Punta Catalina.
En esta comisión Sánchez fue designado coordinador y de acuerdo a Héctor Guzmán, no se conoce, hasta ahora, que se cumpliera con la encomienda del preside Luis Abinader.
La crisis en Punta Catalina se da a conocer en medios de cuestionamiento a la gestión del gobierno de Luis Abinader en el sector eléctrico, que han provocado la destitución y sustitución de funcionarios, el más reciente el administrador de EDEESTE y fuertes críticas al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, lo que llevó al presidente Luis Abinader a designar a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al frente del gabinete eléctrico.
Pero ningunas de estas acciones han callado las quejas de la población por el deterioro del servicio eléctrico, que incrementado los apagones y aumentado la tarifa a los usuarios.
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