Por: Jesús -Belén- de la Cruz
Director
Los políticos, en su rol de candidatos, al igual que los enamorados y vendedores hacen promesas múltiples a sus prospectos y electores, las que pocas veces son cumplidas. Este ha sido, y sigue siendo, un tema de análisis de las elecciones en diversos países.
Generalmente, las promesas políticas son parte de un programa electoral o de gobierno a futuro, donde se suelen definir ideales, compromisos de cambios, transformaciones, soluciones de carácter social; todos como parte de una propuesta de campaña que brinda esperanza y motiva a los electores hacia el o los candidatos ofertados, así como los productos del mercado.
Estos constituyen elementos esenciales para lograr que la población vote por determinados candidatos. En la actualidad están muy de moda las promesas de la transparencia, el discurso anticorrupción, el cambio de modelo de la distribución de la riqueza, la reducción de los impuestos o de introducir nuevos programas sociales para beneficiar a personas más empobrecidas.
Pero resulta que “una cosa es con guitarra y la otra es con violín”. Una vez se logra llegar a la presidencia de la República, a los cargos congresuales o municipales, una gran parte del período de gestión se lo pasan culpando a las autoridades salientes, primera razón para justificar su inacción o el incumplimiento de sus promesas de campaña. Salvo raras excepciones, este es “el pan nuestro de cada día” en materia politico-electoral.
En la filosofía política se conoce lo que se llama el contrato social; o los principios del derecho político. Esta materia, social y política, trata sobre la filosofía política y principalmente sobre la libertad e igualdad de los seres humanos bajo un Estado instituido por medio de un contrato social, lo que se define como un acuerdo dado entre una colectividad social, política o económica donde quedan establecidos los derechos y deberes entre el Estado y los ciudadanos.
Este compromiso social queda sellado entre ambos sectores y cuentan con el amparo de las distintas constituciones de los respectivos países. La filosofía política, la ciencia política, la sociología y la teoría del Derecho dejan claramente establecidos las responsabilidades contractuales de cada uno de los actores que intervienen en este contrato social.
Según se expresa en los términos y condiciones del referido acuerdo social, todos los miembros de un colectivo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que deben someterse. Razón por la que, el pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social constitucionalmente establecido.
En determinados escenarios donde algunas de las partes, generalmente las que representan el Estado, incumple con sus propuestas de campaña o compromiso social, se puede caer en la llamada “desobediencia civil” por parte de la población a la que se le habría engañado con sus promesas de campaña.
La desobediencia civil se puede definir como “cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos”.
Las decepciones políticas suelen producirse cuando los ciudadanos entienden que la clase política le ha fallado en sus anhelados deseos de cambios políticos y propuestas esperanzadoras. Esto trae como resultado la erosión del pacto social acordado entre ambas partes. Esta ruptura amplía la brecha de desigualdad social y puede llegar a expresiones de violencia social que pudiera amenazar, fruto de la desilusión política y social, con los procesos democráticos establecidos.
Son múltiples los factores que pudieran llevar a la decepción política de la ciudadanía. En ocaciones los medios de comunicación, parte del entramado empresarial de la sociedad, y más en estos tiempos donde las redes sociales juegan un papel preponderante, pudieran contribuir con la exacerbación de una población decepcionada.
Es importante saber que muchas veces los mismos candidatos en su afán por ganarse el favor de los electores llegan a ofrecer un amplio menú de soluciones que ellos mismos saben que no pueden realizar, entonces, esto provoca una cadena de disgustos que conducen a la decepción total y en ocasiones los ciudadanos suelen caer arrepentidos por la decisiones tomadas a la hora de sufragar sus votos.
Los resultados son claros y contundentes. El costo de una campaña política es cada vez más alto, los compromisos con el empresariado se hacen cada día más evidentes y las sociedades son cada vez más exigentes. Estas razones permiten que el sistema de partidos se vea cada vez más erosionado y su fragilidad latente amenaza el sistema democrático, lo que no es bueno para las instituciones políticas y los estamentos estatales.
Este despertar social, combinado con la presión de los empresarios inversionistas de las campañas, hacen cada vez más vulnerable el ejercicio de la función pública, convirtiéndola en un blanco perfecto para quienes siempre esperan llevarse sus grandes tajadas de los fondos públicos, sobre todo los políticos y empresarios; además de las permanentes demandas de la población votante sumida en la miseria permanente.
