En cumplimiento a su advertencia, el presidente Luis Abinader suspendió ayer sin disfrute de salario a 36 funcionarios, quienes a la fecha no habían presentado sus declaraciones juradas de bienes y patrimonios.
Los funcionarios suspendidos son Fernando José Viyella Valencia y Miguel Ángel Lajara Peña, de Autoridad Portuaria Dominicana; Arismendy de Jesús Almonte Bueno, Francisco Leonis Fernández Onofre, Héctor Radhamés González Medina y Persio Cándido Cruz Pichardo, del Banco Agrícola; Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, Comisión Aeroportuaria, y Teófilo Sosa Carrión, de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.
También Francisco Vásquez y Erodis Fernelis Díaz Díaz, del Consejo de Coordinación de la Zona Especial para el Desarrollo Fronterizo, y José Antonio Sánchez Martínez, del Consejo Nacional de Fronteras.
Del mismo modo Eriberto José Grullón Acosta, Hugo Alberto Taveras Bautista y José Luis Polanco Henríquez, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca.
Asimismo Benjamín Reynoso Cabrera, Francisco Javier Santoni Fiallo, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo; Juan Alberto Durán Álvarez y Otto Manuel Gómez Sánchez, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata.
Silvestre Ventura, subdirector de la Dirección General de Migración; José del Carmen Oviedo Tejada, Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo; Leónidas Ceballos Santana y Máximo Antonio Gómez Peña, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.
Se agregan también Carlos Espinal, subdirector general del Teatro Nacional Eduardo Brito; Marcia Margarita Rodríguez Gómez, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre; Ángel Darío Ramírez Medina, Antonio Trinidad Ferrera, Denny Mauro Olivero Encarnación, Félix Manuel Beltré, Francisco Alberto Jiménez Sena, Francisco Jiménez Reyes, Juan Adolfo Familia Beltré, Máximo Florián Sierra y Menni Lolin Cuevas González, del Instituto para el Desarrollo del Suroeste.
Del Instituto Postal Dominicano, Fernando Arturo Ramírez Quiñones, Oscar David Reyes Baldwin y Yocasta Lara Hernández.
Informe de la Cámara de Cuentas. Ortiz Bosch explicó que el Mandatario dispuso la suspensión de los 36 funcionarios luego de conocer el reporte suministrado por la Cámara de Cuentas, en relación a los servidores públicos que conforme a la Ley 311-14 debían presentar ante ese órgano constitucional su declaración jurada de bienes dentro del plazo de 30 días.
Ortiz Bosch destacó que en la presente gestión se ha realizado un esfuerzo serio para que los funcionarios cumplan con la presentación de su declaración de patrimonio, teniendo las consecuencias al no cumplimiento a la disposición legal.
Reiteró que desde el Gobierno se está enviando un mensaje claro sobre la importancia de que todos cumplan la ley.
Se recuerda que el presidente Abinader había suspendido a otros 15 funcionarios mediante los decretos 525-20 y 534-20. Estas disposiciones fueron dadas a conocer los días 30 de septiembre y el 2 de octubre.
La medida, con carácter provisional, fue adoptada mediante el decreto 674-20, dado a conocer por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, acompañada del consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.
Es justificada en uno de los considerando del decreto en el “alto interés de la presente administración en mantener el más estricto apego de sus funcionarios a los principios de ética, transparencia, juridicidad y buena administración”.
Ortiz Bosch, quien además es asesora presidencial sobre corrupción, precisó que en lo inmediato los 36 funcionarios fueron separados de sus respectivas funciones, hasta tanto den cumplimiento a lo dispuesto en la ley que instituyó el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y Servidores Públicos.
Fuente: Hoy Digital
