Pero lo relevante son las causas. La desigualdad se manifiesta de distintas formas, provoca varias líneas de distorsión; la diferencia entre jóvenes y mayores es solo una de ellas. La corrección político-social debe actuar sobre la inequidad económica y los factores que tienden a agrandarla, tanto en tiempos de prosperidad como de crisis. Es evidente que el sistema de pensiones de reparto tiene que rectificarse legalmente para mantener su supervivencia si se prolonga la estructura laboral actual; las políticas y las decisiones adecuadas para hacerlo son muy conocidas (demorar la edad de jubilación, reajustar la relación entre último salario y pensión, hacer compatible percibir una pensión con trabajos remunerados). Pero la cuestión —o el debate, si se quiere exponer así el problema— es si la sociedad, a través de la acción política, puede actuar con instrumentos propios (públicos, legales) para evitar el exceso de desigualdad; incluso, como discusión previa, cabe preguntarse si es posible trazar una línea a partir de la cual decidir que hay un exceso y, por lo tanto, se puede actuar contra él. Teóricos del bien social como Tawney creían que esa línea existe; sostenían que la propiedad, si no está ligada a una función social, es “una forma de impuesto privado que ciertas personas pueden imponer a otras por ley” e incluso mencionaron paródicamente ese límite: “aceptar un salario equivalente al de cien familias no es propio de un caballero”.
Un consenso básico nos dice hoy que la corrección de la inequidad y sus dos secuelas principales (desigualdad social y dificultad extrema para superar la precariedad) sólo es posible mediante la acción del Estado a través de la redistribución fiscal. Es un criterio elemental del Estado del bienestar cuyo instrumento principal es la progresividad tributaria. Ahora bien, y esta lucha ya no puede transmutarse en generacional, se da hoy una notable resistencia de los agentes económicos con rentas más altas (y sus representantes políticos) a aceptar sin ruido un aumento de los impuestos directos (IRPF, Sociedades). De forma que se produce un estrangulamiento aquí y ahora de la equidad social: si la desigualdad crece, si para combatir ese crecimiento solo es admisible una acción redistributiva mínima a través de los impuestos y la carga fiscal no puede aumentarse porque siempre hay un pretexto para impedrlo, ¿cuál es el margen de acción política contra la desigualdad?
Fuente: El País
