Qué hacer con los servidores de los ayuntamientos y las nuevas autoridades

Por: Lic. Eduardo Luna

Abogado Consultor / Máster en Derecho Civil e Inmobiliario – Especialista en Migración Europea

Conforme al artículo 274 de la Constitución dominicana, el 24 de abril es la fecha para la toma de posesión de las autoridades que fueron electas en las elecciones de medio término, en este de caso de manera excepcional, celebradas el 15 de marzo.

Es una costumbre en nuestro sistema social que los nuevos incumbentes de los Ayuntamientos y las juntas distritales proceden a posicionar los servidores que les acompañarán en el periodo constitucional para el que fueron elegidos, por tanto, es normal que se presente una oleada de desvinculaciones y cancelaciones de contratos.

Pero este periodo tiene algo peculiar que no había ocurrido en los últimos 100 años, pues tenemos una pandemia ocasionada por el Covid-19, por lo que esta transición de mando municipal será inusual y por lo visto existe cierta incertidumbre con los servidores que se encuentran designados en los Ayuntamientos y las juntas de distritos.

Estas entidades están regidas por la Ley n.° 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, por tanto es el instrumento que nos guiará para ver los límites que se presentan en la actualidad con las desvinculaciones y nuevas designaciones; esta normativa establece: “La función pública municipal es regulada de conformidad con la ley y reglamentos de Servicio Civil y Carrara Administrativa que apliquen en general para la Administración Pública”.

De esta se desprende que los servidores de los Ayuntamientos y las juntas distritales serán regulados por la Ley de Función Pública n.° 41-08, la cual establece las categorías de los servidores y los divide de la siguiente manera; “1. Funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción; 2. Funcionarios o servidores públicos de carrera; 3. Funcionarios o servidores públicos de estatuto simplificado; 4. Empleados temporales”.

En este caso los servidores de estatuto simplificado, que agrupan la mayoría en los ayuntamientos, conforme al artículo 60 de la ley, deben ser indemnizados con un salario por cada año de servicio cuando tengan más de un año, o por fracción cuando tengan más de 6 meses y menos de 1 año, estos pagos deben honrarse a más tardar 15 días después de su desvinculación.

Es importante señalar que las disposiciones contenidas en el artículo 65 tienen una excepción con los servidores que califican para optar por una pensión, al establecer: “El empleado público de estatuto simplificado que tenga derecho a una pensión o jubilación de conformidad con las leyes vigentes, no podrá ser destituido injustamente, y seguirá percibiendo su salario hasta que dicha pensión o jubilación le sea concedida”.

Contrario a lo que sucede con los servidores de confianza, que son aquellos designados estrictamente al servicio de los funcionarios, entiéndase asistentes, secretarios, choferes, edecanes, entre otros, indicado en al artículo 21 de la Ley 41-08, como bien señala el segundo párrafo cuando establece: “II.- El personal de confianza será libremente nombrado y removido, cumpliendo meramente los requisitos generales de ingreso a la función pública, a propuesta de la autoridad a la que preste su servicio”.

Para fortalecer esta disposición el artículo 94 de la referida ley dice: “La destitución es la decisión de carácter administrativo emanada de la autoridad competente para separar a los servidores públicos. Párrafo I.- Cuando se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción, interviene a su libre discreción”, por lo que no hay dudas que la permanencia o no, en su puesto de trabajo, de este personal dependerá de las nuevas autoridades.

Para aquellos servidores que están dentro de la carrera administrativa no es posible su desvinculación, a menos que no sea por una de las causales señaladas en la ley.

¿Es posible la desvinculación (cancelación) en estado de emergencia?
La respuesta dependerá del riesgo que se quiera tomar. Como ya hemos visto en el inicio, los Ayuntamientos y juntas distritales son regidos, en cuanto a sus servidores, por la Ley 41-08, que a su vez es ejecutada por el Ministerio de Administración Publica como órgano rector como bien lo establece en los artículos 7 y 8, en donde le da la potestad para emitir las normas para el cumplimiento de la ley; y justamente, basado en esa facultad, el órgano rector emitió la Resolución n.° 060-2020, el 23 de marzo de 2020, que en su artículo 1 dispone: “Queda prohibido, mientras dure el estado de emergencia, abrir procesos disciplinarios y destituir servidores públicos pertenecientes a la categoría de Carrera Administrativa, de Estatuto Simplificado y Temporales”. Esta Resolución es vinculante a las Alcaldías.

Por otro lado, sería una decisión muy peligrosa, y hasta perjudicial para las nuevas autoridades, aventurarse a desvincular servidores en el estado actual, pues esto podría traer como conciencia una oleada de procesos judiciales ante los tribunales Superior Administrativo y el Constitucional, situación que ninguna autoridad, iniciando su gestión, quisiera enfrentar.

Lo más sensato e inteligente en estos momentos es esperar el cese del estado de emergencia, el cual no durará los 4 años de gestión, de esa manera se podrá designar el personal que debe acompañar a las nuevas autoridades sin traumas ni incidentes mayores. Quiero señalar que en la Resolución no figuran los servidores de confianza.

El autor de este artículo emite criterios meramente profesionales, no tiene ningún interés personal en cuanto al tema.

Para cualquier inquietud o pregunta estamos a su disposición al correo electrónico groupluna@hotmail.com

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