Por Felipe Castro
En un ensayo sobre lo absurdo, el filósofo Albert Camus, utilizando la figura mitológica de Sísifo, cuenta que éste, hizo enfadar a los dioses, por su extraordinaria astucia y como castigo fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante, montaña arriba, para que volviera a caer rodando al valle, recogerlo de nuevo y subirlo a la montaña constantemente, solo sintiéndose libre de esa pesadilla los segundos donde el peñasco alcanzaba su punto más alto.
El filósofo Albert Camus, Premio Nobel de Literatura en 1957 a la edad de 44 años.
No es válido comparar absolutamente el recorrido de la vida institucional de la nación con el ejemplo mitológico del Rey Sísifo, no obstante, concurren variantes similares sobre el eje social y norma de estado. Toda vez que, desde la fundación de la República, se ha festinado desde el poder legislativo remiendos constitucionales y excesos de leyes, que en vez de fortalecer la institucionalidad desnuda la debilidad del mismo. Lo que se ha traducido en una constante que gira el eje pendular de la ineficacia que destapa la disfuncionalidad de un Estado verdaderamente de derecho.
La institucionalidad del país ha girado eternamente sobre el eje del capricho de quien posee el poder, que por un fin meramente personal promueve su modificación constitucional con el único objetivo de extenderse uno que otro periodo constitucional, erigiéndose en imprescindible. Obviando así que, quien llega al poder, no llegó por ser infalible, sino por causalidad circunstancial de un momento en tiempo y espacio, porque el conglomerado social, no estuvo de acuerdo con las tomas de decisiones de quien ostentaba el poder político en ese momento.
General Pedro Santana, primer presidente de la República desde 1844.
Desde 1844 hasta la fecha, en este país ha habido 39 parches constitucionales. El primero en ponerle número a esos desafueros institucionales fue el fútil Pedro Santana, con la introducción del famoso artículo 210, que con una visión autoritaria y paternalista hizo aprobar el 23 de diciembre del 1854, cuyo artículo ha fluctuado en todos lo parches constitucionales con diferente denominación por el egocentrismo del poder.
De los 39 parches constitucionales, pudiéramos señalar como el más relevante y favorable al colectivo social, la Constitución del 1963. Este acontecimiento, en realidad y por el contexto en que se produjo, no se puede considerar como un parche, sino como una verdadera reforma para su época. Esta fue promovida por el político, y más que político, el erudito Juan Bosch y Gaviño.
Prof. Juan Bosch, presidente de la República y autor de la Constitución de 1963.
Haciendo referencia a aquella Constitución, podemos resaltar que dentro de sus modificaciones se plasmó: el establecimiento de la “Nación Dominicana”, se declaró la “libre iniciativa económica privada”, se estableció como norma general que “la propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado”, se declararon “los delitos contra el pueblo” y adicionalmente, se consagró “el trabajo, en todas sus formas y su aplicación, estará bajo la vigilancia y protección del Estado”, se consagró “la libertad de trabajo”, se establecieron “el derecho y deber de los trabajadores de colaborar con las empresas y de participar en los beneficios de las mismas”. Finalmente, se estableció “el derecho de cada familia dominicana de poseer una vivienda propia”, se declaró “de interés social la erradicación definitiva del analfabetismo”.
Debemos señalar que, la Constitución del 1966, en la que se vislumbra el cinismo hecho persona de su precursor, el Sátrapa ilustrado, Joaquín Balaguer, quien en dicha Constitución hizo aprobar algunos elementos de un Estado de derecho, resaltando “la soberanía como forma de gobierno”, “derechos de la ciudadanía”, “la separación de los poderes del Estado”, “la separaron de las elecciones municipales y presidenciales” y como colofón, que fue su fin ulterior, restaurar “la reelección presidencial”, abolida por la Constitución del 1963, cuyo propósito era meramente egocéntrico, es decir, rehabilitó la reelección para su provecho personal.
En 1994, se forzó otra reforma constitucional producto del fraude electoral encabezado por el entonces presidente Joaquín Balaguer, contra el fenecido líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, que puso al país al borde de un colapso de consecuencias institucional.
El Dr. José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer y el Prof. Juan Bosch.
Ese evento descolló en un ambiente de explosión social que pedía la salida de Joaquín Balaguer del poder, cuya encomienda fue apaciguada por la reducción forzada del periodo constitucional 4 a 2 años, mediante la reforma constitucional del año antes indicado, donde Peña Gómez, aprovechando la ocasión para negociar la no reelección, tanto consecutiva como intermitente.
A partir de ahí, la historia es reciente y son altamente conocidas las idiosincrasias de Leonel Fernández, quien gracias a la xenofobia de la época enfocada contra Peña Gómez y al fraude electoral del 1994, gobernó desde 1996 hasta el año 2000. Sustituido por Hipólito Mejía, quien con su chistecito de “me gusta este carguito” modificó la Constitución para reelegirse fallidamente en el 2004, haciendo posible el regreso de Leonel, que gobernó por 8 años más.
Leonel Fernández, en el 2010, creó una jugada de apariencia progresista llamando a lo más granado de la intelectualidad dominicana, para hacer un reforma constitucional mediante la Asamblea Constituyente. Concluido el borrador para dicha reforma, Leonel Fernández, decidió que se hiciera a través de la Asamblea Revisora, frustrando la posibilidad de hacer una reforma constitucional integral y progresista mediante la constituyente.
Por último, Danilo Medina y su retroalimentación del famoso Tiburón podrido hizo un parche a su medida en el año 2015 que hizo posible su reelección en el 2016, y la tentativa de zurcir la Carta Magna para reelegirse en el año 2020, cuya intención fue impedida por la intromisión telefónica del secretario de Estado de los Estados Unidos de entonces, Mike Pompeo.
El circulo vicioso de remiendos constitucionales, que ha girada entorno a la historia de la República, no ha sido exclusividad de la clase política. El poder factico ha tenido una altísima cuota de responsabilidad en estos eventos, apoyando la continuidad de los políticos en el poder, a cambio del “Control Social” con apariencia democrática, que es la cadena invisible que ata la inconsistencia de la fortaleza institucional, lo que metafóricamente se asemeja a “La maldición de Sísifo”, cuya travesía, más temprano que tardes, tendremos que romper.
El presidente Luis Abinader y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
Además de las 38 parches y la reforma constitucional progresista de Juan Bosch, en el 1963, el presidente Luis Abinader reivindicó la Constitución del 63, con la reforma constitucional número 40, en la que promovió la aprobación de la cláusula pétrea, poniéndole un candado inmodificable a la Constitución dominicana, impidiéndose así mismo repostularse para un nuevo periodo constitucional.
Con lo que se erigió en el único presidente en reducirse derechos estando en la plenitud del poder político, también hizo aprobar la unificación de las elecciones para el 2032, así como lograr la reducción de la matricula de diputados de 197 a 170. Separó al procurador general de la República del Consejo Nacional de Magistratura, entre otras modificaciones importantes. Esta Constitución, hoy es el mayor legado dado por un mandatario a nuestra sociedad dominicana.
Por Felipe Castro
El autor es abogado y analista político.
