El conocimiento de la solicitud de revisión de medidas de coerción presentada por la defensa del exministro José Ramón Peralta ha sido pospuesta nuevamente, esta vez para el martes 7 de noviembre, a las 11:00 de la mañana.
Tanto la defensa del exministro, que permanece en prisión preventiva por la “Operación Calamar”, como el ministerio público, argumentaron que la decisión del tribunal se debió a un querellante que fue citado recientemente.
El abogado Pedro Balbuena, que representa parte del equipo legal de Peralta, aseguró que el ministerio público hizo “todo lo posible” para, una nueva vez, posponer la audiencia.
“La petición de aplazamiento vino por parte del ministerio público, que dice estar listo, pero nunca quiere conocer el proceso”, afirmó el abogado.
Alegó que en una primera ocasión el ente acusador alegó que el aplazamiento fu para citar a una supuesta parte que, originalmente, no formó parte del recurso de apelación, mientras que en un segundo momento un querellante, que había sido citado, también pidió posponer la audiencia.
“Esperamos que el próximo martes podamos conocer esta revisión de medidas de coerción, partiendo de la idea de que José Ramón Peralta tiene 226 días preso sin que un tribunal haya conocido la revisión de medidas de coerción”, expresó.
En el caso del Ministerio Público, la magistrada Rosalba García dijo que el aplazamiento se debió a una cuestión de “debido proceso” por una citación que se hizo a un querellante.
“El aplazamiento de la solicitud de revisión de medidas de coerción presentada por la defensa técnica de José Ramón Peralta, se debió a un tema de debido proceso. Una de las partes querellantes fue citada en el día de ayer y en tal sentido no se ha cumplido con el plazo legal que establece la norma”, comentó la magistrada.
Posteriormente, en una nota de prensa, el Ministerio Público sostuvo que debe mantenerse la prisión preventiva al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los principales imputados por corrupción administrativa en la Operación Calamar, al precisar que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.
La fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que, en la próxima audiencia, fijada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para el próximo martes 7 de noviembre, demostrarán por qué debe mantenerse la prisión preventiva al imputado.
“Para la audiencia del martes que viene nosotros vamos a plantear por qué todavía están dadas las condiciones que dieron lugar a la misma, pero ya eso se va a discutir el próximo martes 7, y el juez ponderará”, enfatizó, en respuesta a preguntas de periodistas de la fuente judicial que la entrevistaron a la salida del tribunal.
Sobre el aplazamiento de la audiencia, dispuesto por la jueza Ana Lee Florimón, dijo que se produjo para garantizar el debido proceso y que el Ministerio Público siempre está listo para conocer las audiencias.
El proceso por corrupción administrativa también se sigue en contra del exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, a quien el Ministerio Público le imputa encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
En el proceso se ha establecido que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
