SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público puso en marcha la noche del sábado la Operación Calamar, mediante la cual realizó 40 allanamientos y se apresaron varios exministros y altos funcionarios del pasado Gobierno.
Los hoy detenidos fueron denunciados mediante una querella interpuesta por Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero Ortiz, por supuesta corrupción administrativa, desfalco y prevaricación.
Antonio Marte, representante de Conatra, junto a Mario Díaz, de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (Fenattransc), acusaron en mayo del 2021 a los citados exfuncionarios del pasado Gobierno de Danilo Medina, de «distraer a otros fines los recursos establecidos por la ley 253-12 para la sustitución de la flota vehicular del transporte de pasajeros y de cargas deL país, violentando de esta manera los artículos 122, 123, 124, 405, 408, 265, 266, 267 del Código Penal Dominicano».
Los querellantes en ese momento alegaron que la citada ley, para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible, número 253-12, en su artículo 20 establece que: «Con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga se establece un impuesto adicional de dos pesos dominicanos (RD$2.00) por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y premium, previsto en la Ley No.112-00, sobre Hidrocarburos.
En la instancia se acusó a los exministros del pasado Gobierno del expresidente Danilo Medina de ser los responsables de la desaparición de más de 17 mil millones de pesos del sector transporte.
Los dirigentes del transporte señalaron que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, de fecha 21 de febrero del año 2017 ratificó la disposición citada anteriormente en la Ley 253-12, ya que «nunca ha sido derogada, sino que mantuvo todo su imperio, y más aún fue ratificada, creando un fideicomiso, otorgando exclusividad de la totalidad de esos fondos recaudados para la renovación vial, es decir, el cambio de los vehículos deteriorados del transporte de pasajeros y de cargas a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y en acuerdo y coordinación de las compañías y sindicatos del transporte del país».
Aseguran que desde el año 2012 el Estado dominicano comenzó a recaudar el monto establecido en las disposiciones anteriores, y según certificación de fecha 29 de septiembre del año 2020 del Ministerio de Hacienda, anexa, fueron recaudados valores por más de 17 mil millones de pesos para la sustitución de la flota vehicular del transporte de pasajeros y de cargas de nuestro país.
Los querellantes manifiestaron que, según la certificación transcrita del Ministerio de Hacienda, esos fondos estaban intacto y disponibles para el uso establecido en la ley que era el cambio de las flotillas del transporte público deterioradas, y aunque los sindicatos hacíamos las exigencias legales de lugar no se obtemperó a transferir al Intrant estos fondos para cumplir con su objetivo legal en consonancia con el sector transporte como manda la ley.
Indicaron que mediante comunicación PR-IN-15611 de fecha 17 de junio del año 2016 el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, solicita al ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mezquita, la transferencia de esos fondos y que al parecer el ministro de Hacienda no obtemperar a esa solicitud al imaginar se daría un «uso doloso y fraudulento a esos fondos», ya que se evidencia por el texto que se le había solicitado varias veces esa transferencia sin que el entonces titular de Hacienda cumpla con esa orden de Montalvo.
En el citado texto se habla de la transferencia de fondos legales destinado por ley para una cosa que no era interés del gobierno realizar, y que por el contrario se establece en el mismo texto que era para el uso exclusivo y discrecional del presidente de la República, lo que supone una violación a la ley, pero a la fecha nadie sabe el paradero de esos recursos ni en que se han invertido, ya que los requerimientos de los transportistas han sido ignorados.
Como ha de verificarse con el escrito anterior el Tribunal Constitucional ya para el año 2018 donde existían recaudados según las certificaciones anexas del Ministerio de Hacienda la friolera de 8 mil millones de pesos, y que habiéndose notificada esta sentencia del Tribunal Constitucional que es vinculante para todos los poderes públicos, ni el Ministerio de la Presidencia, Ministerio Administrativo, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Presupuesto, obtemperar a dar cumplimiento a una decisión vinculante.
En ese sentido, suponen que existe una coalición de funcionarios públicos que se asociaron «para distraer los fondos públicos que debieron de ser manejados por el Intrant, en sociedad con las compañías y sindicatos de transporte que han recibido un daño Irreparable».
Agregan que a la fecha ninguno de esos funcionarios ni antes ni durante, ni al final de su Gobierno han dado una explicación convincente de cómo fueron utilizados esos fondos públicos, lo que se presupone una acción ilícita e ilegal para distraerlos que y según fuentes fueron los fondos destinados al asfaltado irregular e ilegal que realizó el Ministerio de Obras Públicas en plena campaña electoral, y que entendemos esa situación merece un ardua investigación por parte del Ministerio Público.
Antonio Marte y Mario Díaz solicitan a la PGR procesar e investigar la presente querella en contra de los citados exfuncionarios, a los fines de establecer el destino de las recaudaciones producidas por las leyes 253-12 y 63-17 entre los años 2012 al 2020.
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