Desde su fundación en 1993, Participación Ciudadana se ha presentado como un movimiento cívico no partidista, defensor de la democracia y la transparencia. Sin embargo, un análisis más profundo de sus acciones y financiamiento revela un oscuro entramado de influencias extranjeras, que han moldeado políticas en deterioro de la soberanía y estabilidad de la República Dominicana.
El financiamiento de USAID: la mano invisible
Entre 2015 y 2022, Participación Ciudadana recibió 10,870,000 dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo el convenio AID-517-A-15-00006, supuestamente para fortalecer la justicia y la seguridad en el país. Detrás de esta fachada de “ayuda internacional”, se esconde un claro patrón de injerencia política y social.
USAID ha sido señalada en distintas partes del mundo como una herramienta de ingeniería social, utilizada para promover agendas que responden a intereses externos, a menudo en detrimento de las naciones donde opera. En el caso dominicano, estos fondos se destinaron no solo a proyectos de justicia y política, sino también a la financiación de ONG y medios de comunicación que han impulsado narrativas favorables a una apertura migratoria sin control y a la dilución de la identidad nacional.
El papel de Participación Ciudadana en la desestabilización
Bajo el disfraz de promover la “transparencia” y la “gobernabilidad”, Participación Ciudadana ha operado como un agente de doble cara. Su intervención en procesos políticos ha sido evidente, desde la manipulación de la opinión pública hasta la presión sobre instituciones nacionales para adoptar políticas alineadas con intereses globalistas.
Entre sus acciones más notables se encuentra la financiación indirecta de medios y periodistas con una agenda específica. Figuras como Huchi Lora, Altagracia Salazar y Marino Zapete han sido señalados por recibir respaldo de USAID a través de este organismo, contribuyendo a una narrativa que favorece la inmigración masiva y el debilitamiento de las políticas de soberanía nacional.
Leonel Fernández y su vínculo con los intereses extranjeros
El expresidente Leonel Fernández, quien asumió el poder en 1996, ha sido un personaje clave en este entramado. Durante su mandato, la llegada de empresas extranjeras como Barrick Gold fue facilitada, entregando concesiones mineras que despojaron al país de sus recursos naturales. Su relación con los Clinton, impulsores de la “reconstrucción” de Haití tras el terremoto de 2010, también levanta sospechas sobre una estrategia coordinada de reconfiguración geopolítica en la isla.
Mientras tanto, Participación Ciudadana, financiada por USAID, ha jugado un papel fundamental en la legitimación de estas políticas, presentándose como una organización “independiente” cuando, en realidad, ha servido como un mecanismo de presión para favorecer agendas extranjeras.
El verdadero objetivo: la fusión de la isla
Los patrones de financiamiento y acción de Participación Ciudadana sugieren que su papel en la sociedad dominicana va más allá de la fiscalización de la democracia. Su insistencia en ciertas políticas migratorias y su alineación con discursos favorables a la integración con Haití revelan una agenda más amplia: la fusión paulatina de ambas naciones.
El discurso humanitario es solo la superficie de una estrategia más profunda, en la que la soberanía dominicana se ve comprometida para satisfacer intereses económicos y políticos extranjeros. La promoción de leyes y reformas que faciliten una inmigración masiva, junto con la desarticulación de los valores nacionales, responde a un diseño geopolítico que busca transformar la estructura demográfica y política de la República Dominicana.
Conclusión: un llamado a la vigilancia
Es fundamental que el pueblo dominicano reconozca el verdadero rol de Participación Ciudadana y otras entidades similares. Bajo la apariencia de organismos de la sociedad civil, muchas de estas organizaciones actúan como Caballos de Troya, infiltrando las instituciones nacionales y promoviendo agendas que no responden a los intereses del país.
La “transparencia” y la “democracia” no pueden ser utilizadas como excusas para socavar la soberanía nacional. Es momento de cuestionar y exigir rendición de cuentas a aquellos que, bajo el disfraz del civismo, han sido partícipes en la desestabilización de la República Dominicana.
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