SANTO DOMINGO. – El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, se refirió este miércoles al incidente generado entre agentes de la Policía Nacional y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por lo que reconoció que todo ciudadano tiene derecho a la protesta.
Sin embargo, el funcionario también aclaró que es un deber constitucional de la Policía Nacional mantener el orden y la paz social.
“Yo creo que los temas de justicia se deben discutir en la justicia. Sí es algo cierto, todo el mundo tiene derecho a protestar, eso es un derecho inalienable. Pero al mismo tiempo también, la Policía tiene el deber de mantener la paz social”, refrendó.
Asimismo, expuso que debe existir un balance entre el derecho ciudadano a la protesta y el deber de la uniformada a mantener el orden.
Santos Echavarría agregó que los temas judiciales se deben discutir en los tribunales, agregando que politizarlos sería un error y un retroceso para la República Dominicana.
El ministro de la Presidencia se refirió al tema a propósito de que el Partido de la Liberación Dominicana ha calificado de persecución política el enjuiciamiento de varios exfuncionarios de sus gobiernos, acusados por el Ministerio Público de desfalco al Estado por más de 19 mil millones de pesos, mediante la operación Calamar.
En la trama delictiva figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del órgano persecutor en contra los acusados, es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
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