Santo Domingo.- La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos operativos de la Dirección General de Migraciones (DGM).
La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado el 26 de junio de 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada es una de las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para combatir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado, Carlos Javier Sánchez, fue perseguido y arrestado en el momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público presentará al imputado ante la justicia en las próximas horas para que se le dicten medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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