Santo Domingo.- La Dirección de Desarrollo Social Supérate está enfocada en erradicar la pobreza extrema en la República Dominicana, por lo que trabajan para que 200 mil personas en esa condición y otras 150 mil que están en el borde de pobreza extrema mejoren sus condiciones de vida mediante el acompañamiento del Estado.
Mayra Jiménez, directora dela institución, explicó que esa dependencia gubernamental no solo tiene a su cargo los subsidios que el Estado otorga a la población en condiciones de vulnerabilidad. También adopta una serie de acciones y formaciones a fin de acompañar a las familias dominicanas.
“Supérate no es solo subsidios. Los subsidios son un componente importante, pero no es todo lo que se garantiza para superar pobreza”, expresó Jiménez al participar de la Entrevista Especial de elCaribe-CDN, en la que destacó que un millón 430 mil personas están en los distintos programas de protección social del Estado.
Al enfatizar que las personas con mayores niveles de pobreza son las que deben estar en el centro de las políticas públicas, la funcionaria designada en el cargo a principios del mes de enero de este año, señaló que se enfocan para que al concluir el gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, en el año 2028, “la República Dominicana haya podido erradicar la pobreza extrema. Se haya podido lograr tener hambre cero en el país y también se haya fortalecido toda la arquitectura institucional en los programas de protección social”.
Recordó que las 150 mil personas que podrían caer en pobreza extrema con cualquier contingencia, especialmente por situaciones vinculadas al cambio climático, son poblaciones con diversas situaciones como la falta de documentación, lo cual les limita el acceso a la protección social y acceso a educación.
Al mismo tiempo, destacó los reconocimientos que ha tenido el Estado dominicano ante organismos internacionales por diseñar políticas públicas focalizadas a cada vulnerabilidad de los beneficiarios de los subsidios.
República Dominicana figura entre los países de la región con la protección adaptativa y, de acuerdo con la subdiretora de superación de la pobreza, Addys Then, es un gran desafío que para el Gobierno y el país trabajar con ese 2% de la población que está en situación de pobreza extrema porque requiere de una identificación individualizada para asegurar que los servicios que necesitan esas personas le lleguen, especialmente a todo el tema de la alimentación.
San Juan de la Maguana es la provincia con mayores índices de pobreza extrema, al igual que la zona fronteriza, precisó Then al destacar que el Sistema Único de Beneficiarios tiene identificadas las familias con vulnerabilidad climática y esa identificación ha permitido que la institución de respuestas más rápidas.
La directora Jiménez, que estuvo acompañada también de Juan Herrera y Carolina Alvarado, subdirectores de Operaciones y Desarrollo Inclusivo, respectivamente, enfatizó que el país pasó de tener un 26% de personas en pobreza monetaria, cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el poder y que al año 2025, ese número se redujo a un 17%, lo que a su juicio está relacionado con las políticas de protección social y las políticas públicas de la administración Abinader.
“Hay un millón 430 mil personas que reciben la protección social a través de Aliméntate, a través de Bonogas, a través de Bonoluz, programas como Avanza y aprende, que están dirigidos también a asegurar que las familias que están en pobreza y que tienen niños y niñas los lleven a la escuela. Hay programas también, subsidios para las personas adultas mayores y otro subsidio o dos que yo siempre menciono que me parecen igualmente importantes para las personas que están con alguna condición de discapacidad o que tienen algún niño o niña en su hogar con una condición de discapacidad y un programa para proteger a las mujeres”, citó Jiménez.
“Creo absolutamente que el Estado, el Gobierno, tiene que invertir lo suficiente para sacar a las dominicanas y a los dominicanos de pobreza extrema y, por supuesto, también de la pobreza”, resaltó durante la comparecencia en la que destacó que los programas de protección social los pagan también los pobres a través de los impuestos al consumo.
Mayra Jiménez explicó que el Sistema Único de beneficiarios (Siuben) es la entidad encargada de calificar y definir si una persona entra o sale de los programas de protección que el Estado desarrolla desde hace 20 años.
Política de cuidados
A partir de que el año pasado el Poder ejecutivo dispusiera la fusión de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) con Supérate, esta última es la responsable de la ejecución de las políticas de cuidado que ha diseñado el Estado. De acuerdo con las estimaciones preliminares, en la actualidad 67 mil hogares tienen adultos mayores con dependencia moderada y severa, así como 31 mil tienen personas con algún tipo o varias condiciones de discapacidad.
Alvarado, subdirectora de Desarrollo e Inclusión, explicó que la puerta para la incorporación a ese programa son quienes ya tienen algún tipo de subsidio por parte de Supérate, más el levantamiento que hace el Siuben. También se requiere la validación por parte del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) las cuales informarán las condiciones o categorías de dependencia que tienen las personas previamente identificadas.
Describió que las tres modalidades de la política de cuidados: familias de cariño, donde personas del entorno familiar o comunitario apoyan a una persona adulta mayor y reciben un pago de 15,000 pesos; el otro es el de cuidados domiciliarios donde una persona recibe un pago de 24 mil pesos para atender una o dos personas con dependencia severa o alta y cuyos cuidados implicarían hasta unas ocho horas al día y el bono por discapacidad, que son RD$6,000 destinado para las terapias y medicamentos.
“Actualmente reciben ese apoyo desde el Estado, alrededor de 10,700 familias con niños en condición de discapacidad que pueden ir desde uno hasta cuatro niños dentro del hogar. Eso hace que en total sea un aproximado de 11,050 niños y niñas, porque hay hogares que tienen más de un niño con alguna discapacidad”, precisó Juan Herrera, subdirector de Operaciones.
Seguridad de la tarjeta
Al ser cuestionada respecto a las medidas de seguridad de las tarjetas de los beneficiarios de los subsidios estatales, Jiménez destacó que se mantienen trabajando con los bancos para la mejoría tecnológica para mayor seguridad a través de una mesa de comunicación permanente para que al concluir la gestión de gobierno el sistema esté saneado y fortalecido.
“Estamos en una mesa permanente con ellos. Mejorando los sistemas, tenemos un acompañamiento a través de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco Mundial para fortalecer todas las tecnologías que nos permitan ser cada vez más eficientes”, refirió.
De igual manera, destacó los enfoques para fortalecer la transparencia en los programas y que el sistema sea capaz de detectar cuando ocurran hechos contrarios a la ley, la ética y la transparencia.
“Que podamos contar con un sistema que cuando ocurra un hecho lo detecte a tiempo, lo saque del sistema y lo sancione. Tenemos los ojos puestos, repito, y una mesa permanente para fortalecer toda esa trazabilidad que se produce alrededor de los subsidios” a fin de ver dónde puede estarse produciendo una transacción que no sea regular para inmediatamente tomar medidas, indicó.
Fusión redujo presupuesto
Durante la conversación con ejecutivos y periodistas, Jiménez explicó que la fusión de ADESS con Supérate implicó la reducción de personal y presupuesto porque se hizo necesario eliminar duplicidades de funciones. Describió que ese procedimiento concluyó a finales de diciembre de 2025 y con el nuevo año fiscal fue cuando se materializó.
“Supérate tiene conjuntamente con ADESS unos 630 millones menos”, dijo la funcionaria al explicar que lo ocurrido en esa dependencia es lo mismo que pasó cuando el presidente de la República decidió fusionar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda y en ese proceso, cientos de personas quedaron fuera de esas instituciones debido a la fusión. “No porque quieran, nadie quiere que queden fuera, sino porque hay puestos que se ven duplicables”, enfatizó al precisar que eso implicó desvincular a 308 servidores.
EC
