Los jóvenes se comunican a través de mensajes de texto en detrimento de la palabra.
La expansión de las aplicaciones de mensajería instantánea, con WhatsApp como destacado actor de ese mercado, ha arrinconado el lenguaje hablado. El teléfono ha perdido la que ha sido durante más de un siglo su tradicional función, la de facilitar la conversación. Este fenómeno se produce especialmente entre los jóvenes, como ha revelado el estudio sobre el estado de la sociedad digital elaborado por la Fundación Telefónica. Según esta investigación, el 96% de los españoles con edades comprendidas entre 14 y 24 años usan los mensajes de texto como principal canal de comunicación. Este segmento demográfico ha sido bautizado como generación muda por la aparente aversión a utilizar el habla como instrumento para contactar con otras personas.
El desplazamiento del lenguaje oral en favor del escrito, con la pérdida de la diversidad cultural que conlleva, viene avalado por un dato revelador: en España el uso diario de aplicaciones como Facebook, Messenger, WhatsApp o Telegram casi duplica al de las llamadas a través del teléfono móvil o fijo. Este comportamiento resulta paradójico, ya que mientras las personas tienden cada vez más a comunicarse por escrito con sus semejantes, se expanden los sistemas de reconocimiento de voz. A la vista de esta tendencia se podría decir que los españoles prefieren hablar con los altavoces inteligentes más que con la gente.
Si hay un factor que ha contribuido poderosamente a cambiar la vida de la sociedad es la conectividad. Una sociedad digitalizada tiene más oportunidades laborales o de ocio y permite abrir espacios para la colaboración y el intercambio de bienes y servicios. Pero conviene alertar también sobre los riesgos que acarrea un exceso de tecnología. El abuso de las pantallas por parte de los adolescentes puede desembocar en una peligrosa adicción digital. Es precisamente en las familias con menores rentas donde este peligro se presenta de una manera más nítida, una realidad que debiera llamar a la reflexión sobre la necesidad de un uso prudente de las tecnologías de la comunicación.
Conviene también prestar atención a aquellos colectivos que por razones económicas, demográficas o territoriales se ven involuntariamente apartados del ecosistema digital. La Administración está en la obligación de impedir que la brecha digital genere ciudadanos de primera y de segunda categoría impulsando medidas para garantizar que todos —ya vivan en una gran ciudad o en una zona remota y poco poblada— tengan acceso a Internet, declarado un derecho básico por la ONU. Para enjugar estos desequilibrios se precisan actuaciones políticas encaminadas a evitar que una parte de los españoles queden tecnológicamente regazados.
Fuente: El País
