Santo Domingo.- En un comunicado emitido en el día de ayer por Frank Olivares, ex director ejecutivo de la Vicepresidencia; Ezequiel Volquez, ex director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y Héctor Medina, ex director general de Progresando con Solidaridad (Prosoli), rechazan categóricamente las alegadas irregularidades denunciadas por Tony Peña Guaba, encargado del Gabinete de Políticas Sociales del actual gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader.
Aseguraron que escapa a la verdad el hecho de informar que personas que no se encontraban en la base de datos de dichos programas fueron beneficiados de los mismos, toda vez que según el discurso del ex presidente Medina del 25 de marzo el programa Quédate en casa era para “los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad”.
En ese mismo orden y siguiendo las directrices anunciadas por Danilo Medina, la vicepresidenta y pasada coordinadora del Gabinete Social, Margarita Cedeño, anunció en rueda de prensa la ampliación del programa Quédate en Casa para incluir sectores informales que no se encontraban beneficiados por las ayudas sociales.
Destacaron que, a partir del anuncio de la exvicepresidenta, se habilitó un formulario en el portal web para las personas que entendían calificaban en dicho programa, mismo que luego fue validado en las diferentes bases de datos de los programas desarrollados por el Gabinete Social, así como en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, del Programa Fase y del programa Pa Ti.
Señala también el comunicado que las instituciones que fueron beneficiadas luego de solicitarlo a través de correspondencias remitidas a la Comisión Presidencial de apoyo al Covid 19 y al mismo Gabinete Social, destacando las siguientes: ACROARTE, Sociedad Dominicana de Medios Digitales, Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Pastores de Iglesias Cristianas, FENATRADO, entre otras.
Aclararon que los fondos que no eran utilizados por los beneficiarios retornaba al Estado mediante un proceso administrativo que era validado por el Ministerio de Hacienda y los organismos de control interno, reiterando además, su disposición a aclarar cualquier duda existente por parte de las nuevas autoridades, así como solicitar a las empresas procesadoras de los pagos el detalle de las transacciones realizadas por los beneficiarios de dichos programas.
Por: Lourdes Gómez
