Santo Domingo.- Uno de los atributos que tiene la Junta Central Electoral (JCE) es la aceptación o no de aquellos que sometan la aprobación de sus diferentes partidos, movimientos o agrupaciones políticas que buscan contender en las próximas elecciones.
Desde enero a la fecha, el órgano electoral ha aprobado la solicitud de al menos ocho partidos o movimientos y ha rechazado las intenciones de otros 166. Eso ha aumentado la matrícula de las agrupaciones políticas reconocidas a 43.
Esas ocho agrupaciones que se suman al sistema político nacional añaden nuevos ingredientes a las contiendas electorales de 2024, que va desde la presentación de nuevos candidatos a las diferentes plazas hasta nuevas opciones de alianza tanto para el oficialismo como la oposición en búsqueda de aumentar la cantidad de casillas en las que aparezcan sus representantes en las boletas electorales.
El caso de Ramfis y el PED
La aceptación de esos partidos ha causado comentarios en contra, siendo el reconocimiento del Partido Esperanza Democrática (PED) el que más comentarios en el escaparate público ha logrado, ya que es encabezado por Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, quien es nieto del tirano Rafael Leonidas Trujillo y ha vendido su figura política mediante esa relación familiar.
Ramfis habló con la prensa justo la misma noche del reconocimiento y señaló que ya que tiene candidatos en “todas las demarcaciones”.
“Tenemos muchos candidatos en todas las demarcaciones que han estado esperando únicamente la decisión de la Junta para decir aquí estamos, para trabajar a favor del pueblo”, fue lo dicho en esa oportunidad.
Días después, en otra rueda de prensa, anunció sus aspiraciones, nueva vez, a la Presidencia de la República. Esto a pesar de que el nacido en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, está impedido por la Constitución de la República.
El párrafo del artículo 20 de la carta magna, que trata sobre la doble nacionalidad, reseña que “las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con diez años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los diez años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales, sin renunciar a la nacionalidad adquirida”.
Ante eso, Domínguez Trujillo resaltó que su condición es “especial” ya que sus padres fueron “desterrados”.
“La Constitución no choca con mi condición, porque partiendo de mis padres fueron desterrados; ya yo he demostrado que yo tengo pasaporte dominicano desde que yo tengo uso de razón, entonces yo nací desterrado, bajo una condición que nuestra Constitución no contempla, es tan sencillo como eso”, fue la explicación otorgada por este.
Ya en 2020, Trujillo aspiró a la Presidencia por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC) pero la candidatura fue rechazada por la JCE y el Tribunal Superior Electoral (TSE), quienes dijeron que al no haber renunciado a la nacionalidad estadounidense en esa época; también está imposibilitado para optar por ese cargo electivo en el 2024 y en el 2028.
Primero La Gente y Justicia Social
Otro de los partidos que se suman a la contienda electoral es el Primero La Gente que está encabezado por el senador de Santiago Rodríguez y dirigente del sector transporte, Antonio Marte, quien en 2020 fue el candidato en esa demarcación de la alianza de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC).
En diversas ocasiones, Marte ha explicado que cuentan con una “estructura sólida” de militantes en “todo el país”; al tiempo que varios de sus dirigentes han ofrecido declaraciones manifestando su apoyo a la “reelección de Luis Abinader”.
Junto a Primero la Gente, fue reconocido el partido Justicia Social, el cual es encabezado por el exsenador de Santiago y ex presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, quien completó su proceso luego de anunciar su salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por “perder los ideales que lo hicieron ingresar”.
Valentín aún no ha hecho claro cuáles son sus aspiraciones electivas para el próximo proceso electoral ni con cuál o cuáles otros partidos estaría yendo aliado; tanto el oficialismo, como la oposición, en la identidad de la Fuerza del Pueblo, lo han contendido.
Ya estaban y volvieron
El proceso vivido para el reconocimiento del partido Opción Democrática fue diferente, ya que estaban en una fusión con el partido Alianza País, sin embargo tras varios desacuerdos con Guillermo Moreno y la dirigencia de esa organización política, solicitaron a la JCE la nulidad de la fusión y el volver a recuperar esa personería jurídica y participar en solitario en las próximas elecciones, lo cual fue aceptado por el órgano electoral.
Opción Democrática cuenta en sus filas con Minou Tavares Mirabal, quien es la presidenta del partido; con José Horacio Rodríguez, diputado del Distrito Nacional y el regidor Mario Sosa. Sin embargo, es Virginia Antares la que fue escogida como su candidata presidencial.
En una entrevista con LISTÍN DIARIO, Antares manifestó que se encuentran en conversaciones avanzadas con Patria Para Todos, Alianza País y el Frente Amplio (la cual fue ratificada en días posteriores) para ir aliados en múltiples demarcaciones para las elecciones Congresuales y Municipales; mientras que para el nivel presidencial se encuentran reevaluando cuál sería su “mejor opción”.
Antares resaltó que no descartan ir aliados a “partidos tradicionales” siempre y cuando el candidato de la demarcación y el nivel electoral donde se estructure la alianza “represente los valores y las posiciones de ese partido”.
Mientras que en el caso del Partido Demócrata Independiente (PDI) a quienes le devolvieron su personería jurídica luego de que lo perdieran por no haber obtenido representación municipal y congresual en las últimas elecciones generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 numeral 2 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Ese numeral señala que un partido puede perder la personería jurídica por “no haber obtenido representación congresual o municipal en las últimas elecciones generales”; sin embargo, en la presente resolución, el órgano electoral explica que el PDI suscribió alianzas con otros partidos y esas alianzas sí obtuvieron escaños congresuales y/o municipales y eso cuenta como propio de acuerdo a lo dispuesto por las leyes vigentes.
A pesar de ello, la JCE le devolvió la personería mediante la resolución 6-2023 donde resalta que la decisión fue “la consecuencia lógica” de lo establecido en la vigente Ley Electoral 20-23, en el párrafo del artículo 134 que indica que “…los partidos, agrupaciones o movimientos políticos aliados o coaligados serán una sola entidad, con una representación común, igual a la de los otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos o alianzas de partidos, agrupaciones o movimientos políticos”.
Ya Ismael Reyes, presidente del PDI, informó que ese partido será una de las organizaciones políticas que presentarán a Leonel Fernández como candidato presidencial en alianza con la Fuerza del Pueblo, que también incluye que se presentarán candidaturas comunes a nivel municipal y congresual.
“Esta firma lo único que hace es validar el compromiso que tienen los miembros del PDI de trabajar en cada espacio de la República Dominicana y en el exterior para hacer que en las próximas elecciones haya una sola candidatura presidencial triunfante y esa sea la del doctor Leonel Fernández”, exclamó Reyes al momento de oficializar la alianza.
Los demás
Otros partidos como el Socialista Cristiano (PSC), que encabeza Soraya Aquino y el de Generación de Servidores, que llevará a su líder, el exdiputado Carlos Peña como candidato a la Presidencia.
Igual fueron reconocidos los movimientos políticos Cívico Cabrereño (MCC) y Humanista Independiente (MHI).
Los cualto’
Todos estos nuevos reconocidos comenzarán a partir de enero del próximo año a recibir los recursos que el Estado le entrega al órgano electoral, para que los distribuya entre los movimientos y agrupaciones políticas.
Aunque las leyes electorales no contemplan la figura de la entrega de recursos a los partidos recién reconocidos, al conversar con dirigentes de esos partidos que recién obtuvieron su personería jurídica, en la práctica, esas agrupaciones políticas entrarán en el último de los tres reglones estipulados para la repartición de las finanzas.
Este tercer renglón, de acuerdo al artículo 61 de la ley 33-18, es aquel que señala que el ocho por ciento de los fondos es distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento (0.01%) y uno por ciento (1%) de los votos válidos obtenidos en la última elección y en ese renglón entraría los partidos de nuevo reconocimiento.
Requisitos
De acuerdo a la Ley 33-18, para que los movimientos y partidos sean reconocidos, las organizaciones políticas deben depositar una exposición sumaria de los principios, propósitos y lineamientos que sustentará el partido, agrupación o movimiento político, en armonía con lo que establece la Constitución y las leyes; los estatutos del partido, agrupación o movimiento político, que contendrán las reglas de funcionamiento de la organización, las cuales serán coherentes con los principios democráticos señalados en la Constitución y las leyes de la República.
Además de una declaración jurada por los organizadores de que el partido, agrupación o movimiento político cuenta con ciudadanos, que asintieron con sus firmas, en una cantidad no menor del dos por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, la cual estará acompañada, en aquellas provincias o municipios donde presenten organismos de dirección, de una lista con los nombres, números de cédula de identidad y electoral y direcciones de quienes respaldan la solicitud, entre otros requisitos.
“La Junta Central Electoral verificará la veracidad de las documentaciones y declaraciones incorporadas al expediente y si ha lugar, sancionará las mismas y emitirá un veredicto a más tardar cuatro meses antes de la celebración de las elecciones, dentro de los cuatro meses previos al día de las elecciones, la Junta Central Electoral no podrá dictar resolución alguna que ordene inscribir partidos, agrupaciones o movimientos políticos”, señala expresamente la Ley de Partidos.
LD
