Pasada la medianoche de ayer, la Dirección de Persecución del Ministerio Público no había depositado la solicitud de medida de coerción contra los 12 empleados de la Procuraduría General detenidos en la Operación Gavilán, por la imputación de borrar “fichas” o antecedentes penales a presuntos delincuentes.
Todavía sigue en incógnita el nombre de los servidores públicos imputados en esa irregularidad que habría beneficiado incluso a personas condenadas por delitos graves.
Durante más de ocho horas, los periodistas estuvieron apostados en las afueras de la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a esperas de que sean llevados los expedientes y hecha la solicitud por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Anoche el lugar era un hervidero al que también acudieron familiares de los detenidos y sus abogados, que esperaban que los fiscales acudieran.
Solo dos de los presuntos implicados en el caso han sido identificados, Pilar Irene Medina de Jimaní, Independencia, de quien fue dicho que era fiscal adjunta y luego desmentido por su representante legal, Carlos Mesa.
El otro detenido cuyo nombre fue suministrado es Mártires Reyes del Departamento Tecnología de la Procuraduría General.
Ambos negaron los cargos, lo mismo hicieron sus parientes y defensores, que confían en que la verdad salga pronto a flote.
Indicaron que la situación les ha traído afecciones emocionales.
Lo que habrían hecho
El Ministerio Público acusa a los detenidos de ser parte de una supuesta red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías con una estructura nacional dedicada durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Entre los beneficiados estarían Joel Ambiórix Pimentel García “la J” y José Hamilton Ureña, investigados en la Operación Halcón IV.
HD
