Santo Domingo. El caso Watergate, fue uno de los escándalos más connotados en los Estados Unidos, cuando en la década de los 70 su entonces presidente, Richard Nixon, se vio obligado a renunciar del cargo.
Una madrugada de junio de 1972 fueron detenidos cinco intrusos sorprendidos en la sede principal del Partido Demócrata, mediante un allanamiento que se produjo en el complejo de oficinas Watergate, en Washington.
En septiembre de ese mismo año, 1972, comenzó el juicio contra los implicados directamente en el asalto al bloque de oficinas Watergate, acusados de conspiración, robo y espionaje mediante intervención telefónicas, por lo que fueron condenados en enero de 1973.
En República Dominicana se recuerda que durante un proceso de evaluación, a 10 de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que aspiran a seguir en el cargo, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, leyó una comunicación anónima en la que acusan a la magistrada Mirian German de tener encuentros ocultos en diferentes lugares con Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados de sobornos en el caso Odebrecht, y de presionar a un juez para “hacer algo” en el caso de narcotráfico de Winston Rizik.
A raíz del choque entre el procurador y la magistrada, salió a la luz pública que casi 18 mil teléfonos han sido intervenidos por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018.
El año pasado, los juzgados de instrucción y oficinas de Atención Permanente de las jurisdicciones del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este y Oeste, conocieron 12,889 solicitudes de interceptación telefónica, de las cuales aprobaron 12,754 y rechazaron 135, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Judicial.
Las intervenciones salen a relucir luego que el inspector del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, admitiera públicamente que solicitó fuera intervenido el teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.
Este hecho ha levantado las sospechas, entre diversos sectores de la sociedad, de que se podría estar frente a un escandaloso caso de espionaje, a través de las escuchas telefónicas ilegales. En lo que va de año, sólo en el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Oeste, jueces de ambas jurisdicciones han autorizado, a petición del Ministerio Público, 1,360 intervenciones telefónicas.
El año pasado, solo el juez José Alejandro Vargas, de Atención Permanente del Distrito Nacional y coordinador de los juzgados de la Instrucción esa jurisdicción, autorizó que fueran intervenidos 2,520 teléfonos de personas que son investigadas sobre distintos hechos delictivos.
La intervención del teléfono de la magistrada Germán Brito se cuenta entre ese grupo que fue solicitada por el Ministerio Público y autorizada por una jueza de la instrucción de Santo Domingo Oeste, el 24 de noviembre de 2018.
Por: Wandry Méndez
