Por: Jesús -Belén- de la Cruz
Director
Cada vez que se avecinan fenómenos naturales en nuestra República Dominicana, volvemos a recordar una palabra clave para los miles de ciudadanos que aun malviven en las orillas de nuestros ríos, así como en los escarpados derrocaderos de ciertos barrios capitalinos; se trata de la vulnerabilidad, sinónimo de exclusión social, condición que hace presencia en esos entornos de manera singular.
Siempre que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anuncia el posible paso por el país de un fenómeno atmosférico, de nuevo pensamos en, cuán difícil es para aquellas familias que, cada vez que se nubla el cielo tienen que salir corriendo de sus improvisados hogares como si fuesen cangrejos avistando la lluvia que se aproxima.
Si damos una mirada retrospectiva, vemos que permanecen en nuestros recuerdos aquellos titulares cuando entre 1977 y 1978, mediante el Decreto núm. 1337, el presidente Joaquín Balaguer construyó la urbanización “Las Caobas”, ordenando así el traslado de cientos de familias de las orillas de los ríos La Isabela y Ozama, con hacinamientos humanos segmentados en los sectores La Ciénaga y Domingo Sabio.
Muy a pesar de este esfuerzo de Estado, la gran mayoría de estos desplazados regresaron a sus arrabales y volvieron a levantar improvisadas chozas de zinc, cartón y pisos de tierra, argumentando que su hábitat laboral estaba centrado básicamente en los alrededores del mercado de la avenida Duarte y el muelle de Santo Domingo.
Posiblemente en aquella ocasión no se trataron temas importantes como la planificación de su ambiente laboral, educativo, social, de esparcimiento y demás. Al parecer, estos puntos fueron tomados en cuenta en el desalojo y reubicación de La Barquita, donde sus desarrolladores debieron establecer estrategias de acompañamientos amigables y psicológicos con esos moradores.
No podríamos abordar este tema con suficiente transparencia si dejáramos de lado la responsabilidad compartida en estos procesos de inequidad; de un lado, los propios ciudadanos cargan con una cuota de culpabilidad, al levantar una casucha a la orilla de un río violentando todas las normas ambientales y sanitarias del país, pero también son culpables las autoridades clientelistas que permiten esto haciéndose de la vista gorda.
Los moradores de esos entornos viven en condiciones infrahumana, sin drenaje pluvial, con las aguas negras brotando por doquier, la falta de luz eléctrica, carencia de agua potable y con un gran foco de contaminación como condición permanente. Por tales motivos se hace necesario que los gobiernos de turnos inviertan en programas sociales que generen la creación de oportunidades para esos hombres y mujeres, casi siempre olvidados por el sistema de cosas imperante.
La vulnerabilidad ha comenzado a ser un término muy utilizado en ciertos cónclaves internacionales, especialmente cuando se enfocan los problemas éticos derivados de la investigación en poblaciones extremadamente frágiles. Pero en realidad, en estos abordajes ha faltado la voluntad política de los organismos internacionales, de los gobiernos nacionales y de las autoridades municipales para enfrentar este flagelo social.
Partiendo de varios análisis, las víctimas de los desastres naturales, las situaciones de marginalidad y delincuencia, la discriminación racial o de género, la exclusión social, los problemas de salud mental; todos estos factores son indicadores claves para definir cuando ciertos sectores están sumergidos en la llamada vulnerabilidad social.
Datos importantes para tomar en cuenta: el río Ozama es considerado como el cuarto más importante del país. Posee un recorrido de 148 kilómetros de largo y abarca en su amplitud unos 2.686 kilómetros cuadrados. Debido a su excelente ubicación geográfica, por ser uno de los más caudalosos y por las ventajas de desembocar en el mar Caribe, y está llamado a ser un destino turístico e inmobiliario capaz de incidir en el aumento del PIB dominicano y generar más 30 mil empleos directos e indirectos; sin embargo ha sido convertido en un defecadero colectivo con complicidad de sectores oficiales.
Importantes ciudades del mundo aprovechan las ubicaciones estratégicas de sus ríos y mares para desarrollar extraordinarios proyectos turísticos e inmobiliarios que, además de transformarlos en atractivos maravillosos (marca país), contribuyen con la creación de empleos directos e indirectos que indiscutiblemente se convierten en fuentes inagotables de riquezas y parte importante del desarrollo productivo nacional de sus respectivos países.
Es sabido que la rivera de los ríos Ozama e Isabela se han convertido en hacinamientos urbanos contaminados y malolientes. Como si se tratara de darle vida al Macondo de la literatura, allí hay 31 cañadas y 14 vertederos. Desde hace varios años se habla de un proyecto de dragado y limpieza de su afluente, pero la verdad es que ha faltado voluntad política para aterrizar en su conclusión con impacto de gran calado.
En la pasada gestión de Danilo Medina se realizaron importantes esfuerzos, ejecutando saneamientos de cañadas, dragado y limpieza del rio Ozama, la readecuación del entorno de La Barquita y del Domingo Sabio. También se ha construido una planta de tratamiento para aguas residuales y otras intervenciones, todo en una alianza público-privada de amplio impacto. Esto debe seguir como parte de la continuidad del Estado con las políticas públicas.
Nuestras autoridades deben insistir con implementación de medidas encaminadas a la búsqueda de soluciones habitacionales para proporcionar vida digna a los moradores de esos sectores vulnerables. Se requiere de manera urgente la transformación de esos entornos con carencia social, por ambientes productivos con desarrollo económico, con hábitat responsable y respetuoso del medio ambiente.
Nosotros, seguimos soñando despiertos con la esperanza de que nuestras riveras de los ríos y mares sean lugares paradisiacos, codiciados por acaudalados y reconocidos inversionistas del mundo. El Ozama y La Isabela tienen un magnifico potencial para aquellos empresarios dedicados a desarrollar mega proyectos turísticos e inmobiliarios.
Cambiemos la vulnerabilidad social por el desarrollo económico sostenido, manteniendo la dignidad de las personas como condición indispensable. Todo esto que anhelamos es posible, siempre y cuando se procure una adecuada política de Estado responsable manteniendo la convivencia entre lo moderno, el patrimonio histórico-cultural y el medio ambiente.
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