El secreto profesional de los periodistas es un derecho fundamental reconocido por la Constitución en su artículo 20: “La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de sus libertades”. Además representa también una obligación de los informadores, que, si no pueden garantizar la confidencialidad, tampoco podrían cumplir lo que la sociedad les reclama: contar frente a cualquier presión todo aquello que debe ser contado. Para poder realizar esta tarea es imprescindible que puedan garantizar a aquellas fuentes que necesiten permanecer en el anonimato que nadie, ni siquiera un juez, puede ponerse por encima de ese mandato.
Aunque la ley anunciada por la Constitución no ha sido desarrollada, los códigos éticos de la profesión, por ejemplo el de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), prevén algunas excepciones en casos extremos, por ejemplo, si de la revelación de una fuente depende salvar la vida de una persona. Desde luego no se dan en lo ocurrido el martes en Mallorca, que es una clara violación de la Constitución.
Con el visto bueno de la Fiscalía, el juez Miquel Florit ordenó requisar los teléfonos móviles y los ordenadores de dos periodistas para buscar al responsable de una filtración dentro del llamado caso Cursach, un escándalo de corrupción que implica a la policía local. Las fuerzas de seguridad requisaron los móviles de los dos periodistas —en el caso de uno de ellos, en el juzgado— y dos ordenadores de la agencia de noticias.
El juez puede investigar una filtración, pero al hacerlo no debe entrar en colisión con un derecho constitucional. Además, como ha recordado la FAPE, en los casos de filtraciones de información reservada, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye a los funcionarios que la hayan facilitado. Es insólito que un juez parezca ignorarla norma fundamental de su ordenamiento jurídico, la jurisprudencia europea y española en casos de secreto profesional y que se lance contra los periodistas con un auto que parece más un ataque de furia que un documento jurídico. Lo ocurrido en Mallorca es especialmente grave porque, al haberse apoderado de sus teléfonos móviles, el juzgado no solo puede buscar las fuentes que estime pertinentes para el caso que investiga, sino que puede acceder a cualquier otra que tengan estos dos informadores, además de atentar contra su intimidad. Los periodistas garantizan un derecho fundamental que pertenece a los ciudadanos.Por eso el secreto de las fuentes no solo concierne a los profesionales, sino que afecta a la libertad de información de todos.
Fuente: El País
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