Michael Cohen quien fuera el abogado personal de Donald Trump durante años, un especialista en esconder los trapos sucios del magnate inmobiliario, ha sido condenado este miércoles a tres años de cárcel por evasión fiscal, por mentir al Congreso y por algo que pone en serios aprietos a Donald Trump: los pagos ilícitos a dos mujeres para que no hablaran de las supuestas aventuras extramatrimoniales del empresario durante la campaña electoral de 2016. Como el objetivo era proteger la imagen del entonces candidato republicano, se considera un delito de financiación ilícita en el que Cohen implica al hoy presidente de Estados Unidos, porque afirma que actuó por orden del republicano. Esta es, de momento, la consecuencia más directa que el mandatario ha sufrido en el marco de la investigación del fiscal especial Mueller sobre la injerencia electoral del Kremlin y la posible connivencia de Trump y su entorno.
Cohen, un abogado de 52 años acostumbrado a manejarse por las cloacas de la rica Manhattan, comenzó a trabajar para Trump en 2006 y llegó a decir, como muestra de lealtad, que sería capaz de llevarse una bala dirigida al hoy presidente con tal de salvarle. Pero este verano decidió confesar, colaborar y tratar de reducir su pena. Además del pago a mujeres, también confesó una evasión fiscal de 1,4 millones, que tendrá que devolver, junto con una multa de 100.000 dólares. “Este es el día en el que recupero mi libertad”, dijo este miércoles ante el tribunal. Citó un mensaje de Trump en Twitter, en el que le tachaba de débil, para corregir: “Debilidad era la lealtad ciega a Donald Trump”. “Fue la lealtad ciega a este hombre lo que me llevó al camino de la oscuridad, en lugar de a la luz”, añadió.
La injerencia rusa
La sentencia a Cohen no tiene nada que ver con la llamada trama rusa en sí, pero el delito se destapó en el marco de esa macro investigación, en que la Robert Mueller tiene potestad para actuar no solo sobre las ilegalidades relacionadas con la injerencia electoral, sino sobre lasque se pueda topar fruto de las pesquisas. Este caso se ha convertido en el mayor y más llamativo ejemplo. El cerco sobre el abogado de Trump comenzó el pasado abril, cuando el FBI se presentó en su oficina de Nueva York y arrambló con una buena cantidad de documentos y comunicaciones con clientes, incluido el más relevante de ellos: Donald Trump. El registro tuvo lugar después de que Mueller advirtiera a los fiscales neoyorquinos sobre algún tipo de información que había descubierto al margen del asunto del Kremlin.
Es entonces cuando aparecen en escena Stephanie Clifford —nombre real de la actriz— y Karen McDougal, quienes aseguran haber mantenido relaciones sexuales con Trump en los años 2006 y 2007. Poco antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, Cohen pagó 130.000 dólares a Clifford y 150.000 a McDougal para callar el asunto y, según confesó este verano, evitar la mala imagen que la infidelidad le daría de cara a los votantes. Mientras el pago a la actriz se llevó a cabo de forma directa y a través de un acuerdo de confidencialidad, el silencio de la exmodelo de Playboy se compró por vía indirecta. The National Enquirer, una publicación propiedad de un amigo de Trump, se hizo con los derechos para contar en exclusiva la historia de McDougal. Pagó, pero nunca la publicó.
Cohen aseguró en su declaración de culpabilidad del pasado agosto que llevó a cabo esos pagos por orden del hoy presidente de Estados Unidos, con lo que le implicaba bajo juramento en un delito de financiación ilícita de campaña. El pasado 7 de diciembre, los fiscales de Nueva York le dieron credibilidad, con lo que también implicaron al mandatario. En verano, al poco de la confesión de Cohen, el republicano admitió que el dinero procedía de su patrimonio —se lo reembolsó a su leal asesor— , pero aseguró que conoció estas transacciones después de producirse. Es la manera de defender que los pagos constituyen donaciones externas no reveladas, pero al mismo tiempo evitar reconocerse como instigador de los mismos. “Fue una simple transacción privada”, recalcó Trump esta semana.
Un caso similar acabó con la carrera política del demócrata John Edwards. Durante la campaña presidencial de 2008, a la que se presentó como precandidato, mantenía una relación extramatrimonial con una mujer con la que tuvo una hija (a la que tardó años en reconocer) mientras su esposa padecía cáncer de mama. En 2011 un gran jurado le imputó por un delito de financiación ilícita, ya que una importante donante demócrata estuvo pagando cantidades de dinero a la mujer, pero no fue condenado. Hoy por hoy, Trump no podría ser procesado por este caso, ya que la doctrina del Departamento de Justicia plantea que para que los presidentes en el cargo sean juzgados, deben ser destituidos. Esta vía, el impeachment, genera muchas dudas entre los demócratas, pues no solo es difícil que prospere con la mayoría republicana en el Senado, sino porque cuestionan que la gravedad del hecho justifique semejante proceso.
El panorama es distinto para Cohen, que debe ingresar en prisión el 6 de marzo. Además de los pagos ilícitos, afronta también las consecuencias por haber mentido durante la investigación del fiscal Mueller en el caso de la trama rusa. Dijo que las conversaciones sobre un proyecto inmobiliario de Trump en Moscú cesaron en enero de 2016, pero luego reconoció que, en realidad, habían proseguido hasta junio de ese mismo año, con la carrera electoral hacia la Casa Blanca ya muy avanzada.
Fuente: El País
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