En una sociedad democrática, los conflictos laborales y sociales se resuelven mediante la negociación, el arbitraje y la aceptación de las normas establecidas para escenificar las protestas, entre ellas, evidentemente, la huelga. Pero los taxistas pretenden resolver su conflicto de competencia con los vehículos de transporte concertado (VTC) bloqueando las principales calles de Madrid y Barcelona, vulnerando de forma muy grave un derecho fundamental de los ciudadanos como la libre circulación, con agresiones y violencias, respondidas parcialmente por los VTC. Las autoridades públicas, encargadas de salvaguardar los derechos de todos los barceloneses y madrileños, no han reaccionado ante esta protesta descontrolada con la presteza debida. La huelga del taxi se ha convertido en una demostración impune de fuerza de sus gremios frente a una Administración muy lenta en la defensa los derechos generales.
El principio de acuerdo entre el Gobierno catalán y los taxistas se ha cobrado un precio muy alto: la imagen de la Generalitat cediendo a las presiones del taxi y la amenaza de Uber y Cabify de abandonar Barcelona ante un pacto que obliga a sus conductores a contratar a sus clientes con una hora de antelación. Las condiciones del acuerdo difícilmente pueden interpretarse como las más adecuadas para elevar la competencia y mejorar la calidad del transporte urbano. El acuerdo para el Área Metropolitana de Barcelona, firmado bajo presión, está lejos de garantizar un buen transporte en Barcelona.
El gremio del taxi tiene derecho, por supuesto, a defender sus reivindicaciones, pero no lo tiene a sembrar el caos y a tomar como rehenes a los ciudadanos para imponer unas exigencias cada vez más extremas, que solo juegan al todo o nada y pretenden expulsar del mercado a los competidores. Tampoco tiene derecho a cerrar el paso a aeropuertos o a centros emblemáticos como Ifema. Las carreteras cortadas en Madrid, con detenidos y heridos en las protestas, son hechos inadmisibles en un país que presume de tener cauces para resolver los conflictos de intereses.
Los taxistas tienen que comprender que el mercado del transporte urbano ha cambiado de forma irreversible, y que ese cambio tiene que estar sometido a una nueva regulación compartida que distribuya los costes de transición entre todos los agentes. Las condiciones exigibles son que el taxi y los VTC trabajen en las mismas condiciones fiscales y sociales en el marco de esa regulación común. Las Administraciones públicas son responsables de establecer ese marco pactado. Pero hasta ahora han gestionado mal el enfrentamiento entre taxi y VTC. El Gobierno se quitó de enmedio el problema transfiriendo a las comunidades autónomas y a los municipios la facultad de negociar la proporción de licencias entre las partes en conflicto, y trasladó a las ciudades la responsabilidad de mantener o anular las licencias de VTC pasados cuatro años.
Madrid está a tiempo de imponer una negociación que tenga en cuenta los intereses de los usuarios, de los taxistas y de los VTC. Es decir, un acuerdo a tres bandas que regule la coexistencia entre los operadores. Pero para ello es necesario que se acabe la presión de los taxistas en las calles.
Fuente: El País
