Por: Jesús -Belén- de la Cruz
Director
La Seguridad Ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Esta acción es de vital importancia para todos y se precisa decir que no se limita única y exclusivamente a un tema de carácter reactivo y policial; sino más bien de educación, formación cultural y la creación de una cultura de prevención proactiva con la cual cada uno de los ciudadanos conllevamos un compromiso y una responsabilidad social.
Con el uso indiscriminado de los celulares, la marea adictiva de la internet y la difusión masiva de imágenes violentas a través de nuestras cuentas de redes sociales; así como la fiebre de compartir hechos noticiosos en primicias para buscar like, por el mero afán de decir “yo lo subí primero”, a diario estamos presenciando actos cotidianos de violencia y de inseguridad ciudadana, lo que por momento nos hace pensar que estos eventos se van multiplicado cada vez más, cuando en la realidad las estadísticas verifican una considerable reducción de los mismos.
Existen cuatro condiciones universales que contribuyen con la violencia y la inseguridad: 1) El desempleo y la marginalidad económica. 2)La inestabilidad residencial. 3) La desintegración familiar y el ausentismo escolar, y 4) El consumo abusivo de alcohol y de algún tipo de drogas. En todos estos casos, para combatir estos flagelos, se requiere la implementación de programas proactivos de acompañamiento, promover la educación, crear fuentes de empleos y aplicar políticas públicas destinadas a enfrentar la pobreza y la marginalidad social.
Según datos consultados con el Ministerio de la Mujer y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), para el año 2008, cuando el país tenía una población estimada de 9,279,602 habitantes, se verificaron 2,357 hechos de violencia (2,159 hombres y 198 mujeres), lo que nos arrojó una cifra de 25,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, para el 2017, con una población estimada de 10,169,172 habitantes, se registraron 1,561 homicidios a nivel nacional (1,357 hombres y 204 mujeres). Esto nos arroja una estadística de 15,4 por cada 100 mil habitantes. Por lo que hemos tenido una reducción de 10 casos por cada 100 habitantes.
Aun cuando la percepción de la comunicación viral nos plasma una tendencia de crecimiento en estos hechos; la realidad medible nos dice que en la última década hemos tenido una baja importante en el índice de violencia y feminicidios en nuestro país. Aunque resulta un tanto cuesta arriba aceptar estos resultados, debido a que con el uso de la tecnología y con la fiebre colectiva de la grabación de vídeos de cada hecho ocurrido, pareciera como si las cifras de estos hechos trágicos han venido en constante crecimiento; siendo la realidad diferente.
Violencia domestica. El tema de la violencia de género nos refiere una conducta que se realiza de manera consciente y calculada, siempre para generar cierto tipo de daños a la parte considerada su víctima. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Generalmente estos hechos son motivados por hombres que expresan celos, poder, odio, desprecio, placer o sentido de propiedad sobre la mujer.
En la República Dominicana tenemos unas estadísticas de feminicidios que nos convocan a una seria reflexión. Cientos de mujeres mueren anualmente por sus parejas, exparejas o simplemente por alguien que tiene el deseo, no satisfecho, de tener una relación con esa persona que no tiene los mismos deseos o sentimientos hacia su agresor. Los hechos fatídicos, de violencia de género o de crimen pasional, se materializan cuando se produce el rechazo por parte de la mujer.
Nuestra realidad, respecto a la violencia de género, partiendo de los datos (año 2017) del Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es como sigue: Brasil lidera la lista de feminicidios en términos absolutos, con 1,133 víctimas confirmadas por cada 100,000 habitantes. Seguido por México con 760, El Salvador con 345, Argentina 251, Honduras 235, Guatemala 221 y la República Dominicana con 119 casos.
El informe de la Cepal señala que debido a las altas cifras registradas cada año, 18 países de la región han modificado sus leyes para sancionar este tipo de crimen, tipificándolo como feminicidio u homicidio agravado por razones de género. Así lo hicieron Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010); Argentina, México y Nicaragua (2012); Bolivia, Honduras, Panamá y Perú (2013); Ecuador, República Dominicana y Venezuela (2014); Brasil y Colombia (2015); Paraguay (2016) y Uruguay (2017).
La lucha contra la inseguridad demanda de medidas estratégicas más efectivas y proactivas de parte de las autoridades, poner énfasis en la protección de los derechos humanos y, sobre todo, entender que las medidas reactivas nunca han sido la solución para enfrentar estos males sociales. La “violencia engendra más violencia”. El Estado debe poner en práctica un modelo de investigación eficiente que nos permita prevenir antes que lamentar. Perseguir la complicidad policial con el crimen organizado. De su lado, la ciudadanía debe ser menos sensacionalista y más sensible ante los hechos de violencia, acudir a socorrer a la víctima, antes que correr a grabar lo ocurrido para subirlo a las redes sociales. Hagamos conciencia ciudadana y seamos parte integral de un proyecto nacional de lucha contra la inseguridad ciudadana y la violencia de género.
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