El Tribunal Supremo cerró el pasado jueves la instrucción del sumario por rebelión, malversación y desobediencia contra 18 dirigentes políticos responsables de proclamar la independencia de Cataluña en octubre de 2017. Queda así despejado el camino hacia el juicio oral, que previsiblemente comenzará a principios del próximo año, y establecida la posibilidad de que el tribunal dicte sentencia no más tarde del mes de junio. Estos plazos de la justicia quedarán entreverados con los de las elecciones municipales, autonómicas y europeas previstas para mayo, de modo que, si las diferentes fases procesales no se demoran, la campaña electoral se desarrollaría entre el final del juicio oral y antes de la fecha en la que se dicte la sentencia. Es decir, en el momento en el que puede ser menor la interferencia entre ambos procesos, el judicial y el electoral.
Esta marcha en paralelo de dos asuntos trascendentales para la estabilidad del país en su conjunto quedaría comprometida si el Gobierno decidiera atender la exigencia de los partidos independentistas, en el sentido de adoptar medidas que influyan en el desenlace del proceso judicial a cambio de dar apoyo a los Presupuestos. Las fuerzas independentistas cometerían un error persistiendo en reclamar esta vinculación entre una negociación parlamentaria y una sentencia, desde el momento en que se exponen a provocar un resultado contrario al que están buscando. Como también se equivocaría el Gobierno en caso de aceptarla, puesto que, en la mejor de las hipótesis, el precio de aprobar los Presupuestos sería trasladar al resto del país la profunda fractura política y social que se vive en Cataluña.
Cada asunto es cada asunto, y las diferentes instituciones involucradas en su solución están obligadas a actuar dentro de sus propios límites y conscientes de las consecuencias que tendrán sus decisiones, ahora y en el futuro no lejano en el que será improrrogable abordar una salida estrictamente política al conflicto institucional en Cataluña.
En este sentido, este o cualquier proyecto de Presupuestos merece una discusión rigurosa entre todos los grupos parlamentarios acerca de las prioridades que establece, no una sucesión de requisitorias políticas de los partidos independentistas y de escaramuzas procedimentales de la oposición. De igual manera, la determinación de responsabilidades que se sustancian en el Supremo contra los 18 dirigentes catalanes requiere respeto hacia la independencia de los jueces, garantías procesales y seguridad jurídica, como cualquier otra decisión de un tribunal.
Los partidos que defienden la independencia de Cataluña consideran que este proceso no debería tener lugar porque, en su opinión, los hechos sobre los que dictará sentencia el Tribunal Supremo no son punibles. En realidad, son esos hechos los que nunca deberían haberse producido para evitar que se celebrara el proceso, de modo que la solución discurriera por las vías constitucionales en las que la negociación era legítima y posible. Que el anterior Gobierno no las contemplara no autorizaba a derogar la Constitución con una simple mayoría parlamentaria ni a imponer el programa de la independencia a una sociedad que lo rechazaba, como pretendió justificar ayer el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Lo que el Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses son las responsabilidades por esa derogación y esa imposición, no el programa de la independencia, y la tarea que tiene enfrente el Parlamento es decidir si los Presupuestos elaborados por el Gobierno son los que mejor contribuirán a paliar los efectos de la crisis.
Propiciar la amalgama entre un asunto y otro no facilitará las respuestas que requieren, y solo contribuirá al deterioro del sistema constitucional.
Fuente: El País
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