Santo Domingo.- El exministro de Hacienda, Donald Guerrero habría autorizado pagos por expropiaciones de terrenos a sabiendas de procesos abiertos en los tribunales por la determinación de herederos lo que según el Ministerio Público provocó conflictos entre familiares sometimientos a abogados.
Además entre las 27 expropiaciones pagadas hay diversos fraudes como suplantación de representación y falsos herederos que luego pasaron gran parte de los recursos recibidos a abogados partes de la estructura de corrupción denominada Calamar, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que tiene como testigos a miembros de familias estafadas.
El Ministerio Público sostiene que de RD$17, 440,381,730 pagados en las expropiaciones, solo RD$5,478,257,907 fueron a reales y supuestos sucesores y el resto fue a parar a exfuncionarios y socios de ellos.
Uno de los casos es la litis judicial incoada por sucesores de los finados Generosa Reyes O Ben, Moisés Reyes O Ben, Florencia Reyes, Flor María Reyes y Agustina Reyes, en contra de la Dirección General de Bienes Nacionales, quienes se opusieron a la demanda de otro grupo de la familia por alegadamente no haber demostrado calidades de representación. La expropiación se realizó por la parcela 613 distrito catastral 32 de Boca Chica. Varios miembros de esta familia fueron excluidos de pago.
“Sin embargo, y sin la sentencia haber adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada ni notificada a la Dirección General de Bienes Nacionales y el Ministerio de Hacienda, a raíz de la solicitud realizada por imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz del expediente de Marcial Reyes se procedió a firmar un acuerdo transaccional donde se apartaron deliberadamente de la postura jurídica sostenida en los tribunales para suscribir un acuerdo obligando de manera fraudulenta al Estado dominicano a pagar la suma de mil doscientos ochenta y ocho millones trescientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos (DOP 1,288,365.750) a favor de personas sin calidad acreditada y en base a una sentencia que no era firme y además contenía errores en su parte dispositiva”, indica la PEPCA.
El agrimensor Joaquín Ernesto Taveras advirtió que no se había concluido la determinación de herederos en esta parcela que también era reclamada por los sucesores de Bernardino Mercedes, por lo tanto sin el análisis catastral, sin cuya aprobación no debió efectuarse el pago. El expediente fue sometido a Bienes Nacionales un día antes. El abogado Ángel Lockward representaba a sucesores Mercedes. La PEPCA acusa a Lockward de estructurar “una falsa calidad en beneficio de sus representados, quienes a la vez ceden y traspasan a su favor la deuda gestionada con el Estado (68,712,840.00) y así lograr la erogación de fondos por parte, bajo la calidad de herederos del finado Bernardino Mercedes”.
En febrero del 2022 los sucesores del señor Paulino Mercedes Ozuna (fallecido), quien era hijo de Bernardino Mercedes, se querellaron ante la PEPCA contra de Emilio César Rivas (fenecido director de Bienes Nacionales), Rediux Consulting, Ángel Lockward Cruz y Pedro María De la Altagracia Veras, a quienes acusan de formar un entramado de corrupción para beneficiarse del dinero que como herencia le correspondía a los sucesores del finado Bernardino Mercedes.
Igual patrón se repitió con más herederos.
HD
