Matrimonio, embarazo y violencia infantil

Por: Jesús -Belén- de la Cruz

Director

El matrimonio temprano está tipificado como un abuso o violación, toda vez que se entiende que una persona menor de 18 años no está en condiciones de decidir el tipo de relaciones que desea tener para un compromiso de pareja que le supone una nueva vida, contraer familia y estar al frente de un hogar.

Aunque se dice que la costumbre hace ley; también sabemos que las violaciones transgreden derechos fundamentales. Las uniones tempranas constituyen una vieja práctica en nuestro país, en ocasiones por decisiones incorrectas que generalmente son consensuales por los propios actores y por familiares o tutores.

Constituye un hábito de nuestras zonas rurales y urbanas, aunque muchas veces con motivos diferentes, donde los propios padres ofertan sus hijas e hijos al mejor postor o aquella persona que les garanticen algunas entradas económicas a cambio del premio sexual de sus hijas o hijos.

En el país un gran debate ha surgido en este sentido y las opiniones son diversas. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se ha manifestado en contra de la propuesta debatida por un grupo de diputados que busca una dispensa para permitir el matrimonio a menores de 16 años.

En ese sentido, representantes de esas entidades estuvieron reunidos con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a quienes les presentaron sus argumentos en contra de la propuesta y favorable a que se elimine los artículos del Código Civil que permiten el matrimonio infantil.

Esto ha encendido el debate y los medios se han apoderado del tema. En las redes sociales se ha colocado en un paredón mediático a cinco diputados que expresaron su posición favorable para mantener en el código civil las uniones tempranas con algunas variables argumentadas.

Según estadísticas del Plan Internacional RD, este flagelo le da a República Dominicana y Nicaragua el primer lugar, de América Latina y el Caribe, donde niñas y adolescentes están unidas o casadas. El estudio de esta problemática estuvo centrado fundamentalmente en la región sur del país, específicamente en las provincias de Azua, Barahona, San Juan, Pedernales y Elías Piña.

La misma investigación afirma que el matrimonio infantil es un gran problema en República Dominicana. Tenemos el 37% de las niñas casadas antes de los 18 años y el 12,5% antes de los 15, esto nos da el segundo lugar en la tasa más alta de matrimonio infantil en América Latina.

Es una realidad terrible y que lleva muchos años pasando como una práctica casi normal en nuestra sociedad. El matrimonio infantil es una mala práctica que se lleva a cabo en varios países y que supone una seria violación de los derechos de niños y niñas, impide su libertad física, así como su capacidad de decidir su futuro por sí misma.

Como una reacción en cadena, los embarazos en adolescentes en la República Dominicana es otra variable nefasta que solo engendra violencia y pobreza extrema. En la actualidad nuestro país ocupa el quinto lugar en embarazos de niñas y adolescentes entre los países de América Latina y el Caribe. Partiendo de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) un 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años en el país ha estado embarazada.

El tema pica y se extiende. Según Human Rights Watch, a las adolescentes de República Dominicana se les niegan sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso a un aborto seguro. La organización internacional sugiere que las autoridades deberían implementar un nuevo plan para una educación integral en sexualidad y despenalizar el aborto para frenar el embarazo adolescente no deseado y reducir el aborto inseguro.

Está claro que las relaciones de adultos con niñas y con adolescentes, es una grave forma de violencia, lo cual es una realidad en el país. No es igual la unión temprana entre dos menores que la de un adulto con una menor, aunque en ambos casos se da la violencia, sus raíces y sus factores son distintos.

Es necesario que en el país se tomen medidas para prevenir la proliferación de este delito de unión forzada entre adultos y menores. Muchas muertes de jóvenes y adolescentes vienen como el resultado de estas relaciones tempranas, muchas veces forzadas por los propios padres, quienes entran en acuerdos con los agresores por motivos económicos.

Se requiere de políticas que persigan y garanticen la recuperación de niñas que están forzadas a unirse con adultos y que se encuentran en condición de secuestro y explotación humana.

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