Entienden los profesionales del derecho que no hay no hay sala de audiencia lo suficientemente grande para los treinta imputados
La gran cantidad de involucrados y empresas vinculadas en los casos Coral y Coral 5G es motivo de preocupación de los abogados de los encartados, por la “falta de espacio adecuado” para conocer el proceso en los tribunales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Entienden los profesionales del derecho que no hay no hay sala de audiencia lo suficientemente grande para los treinta imputados, más sus abogados, los representantes de las empresas, los abogados que representan al Estado Dominicano y los representantes del Ministerio Público.
El jurista Félix Portes, dijo que esa situación podría convertirse en un obstáculo en el proceso para el juez de la instrucción que resulte apoderado de la solicitud de apertura a juicio en contra de los encartados.
Se espera que la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, apodere el tribunal para el conocimiento del juicio preliminar de la acusación presentada la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde solicita que los dos casos sean fusionados como un solo proceso judicial.
La acusación incluye a doce nuevas personas físicas y 13 empresas. Tiene más de 3,500 pruebas, contra el entramado sometido por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
En la lista de los acusados están los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Torres Robiou, Julio de los Santos Viola, además Rafael Núñez de Aza, Raúl A. Girón Jiménez, Boanerges Reyes, Antonio Mata Flores, Carlos Lantigua Cruz, Blandesmil Guzmán, Miguel Ventura, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Flete Guzmán, Erasmo Pérez Núñez, Kelman Santana, José Rosario Pirón, Jehohanan Rodríguez, Esmeralda Ortega, Alejandro Montero, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de Santos Viola, Manuel Alba Solano, Elida Trinidad Santiago, Manuel Alba Trinidad y Raymel Rosario Viola.
Además, están Pedro Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto, Erick Pereira Núñez, Santiago A. Suárez, y Guillermo Torres Robiou.
La acusación
Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.
Establece que el “entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves“.
Fuente: Listín Diario
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