A través de un documento de 13 páginas, que leyó mediante el sistema de teleprónter, Rodríguez detalló las medidas que ha ejecutado para transformar el ministerio público en las áreas de recursos humanos, infraestructuras físicas, sistema penitenciario, servicios públicos, así como en la prevención y persecución de los delitos, como la violencia de género, los feminicidios, el crimen organizado, lavado de activo, la corrupción, y otros delitos.
“Sabemos que la población está preocupada por la criminalidad. Que los casos de violencia de género, los escándalos de corrupción y la delincuencia en general son los temas que más preocupan a la ciudadanía dominicana”. Con ese párrafo, el procurador inicio su discurso, para luego detallar las iniciativas puestas en práctica y los proyectos que pondrá en ejecución.
Precisó que las indemnizaciones que logró a favor del Estado dominicano superior a 190 millones de dólares fue posible por la aplicación de la ley sobre Soborno en el Comercio y la inversión para perseguir casos de corrupción administrativa y las herramientas disponibles en el Código procesal Penal dominicano.
Subrayó que se pusieron en práctica técnicas legales innovadoras para procesar casos de corrupción, enfocadas en la cooperación y la reparación del daño causado, características de sistemas de justicia modernos de países desarrollados, como Estados Unidos, Brasil y Suiza.
Destacó que en el 2017 lograron condenas en materia de corrupción de 21 personas, entre ellas diversos funcionarios públicos, debido al fortalecimiento de la Procuraduría contra la Corrupción Administrativa (Pepca), a través del aumento en un 24 por ciento del personal de carrera y decenas de analistas.
Destacó que en el período de dos años de gestión aplicaron por primera vez la ley sobre soborno en el Comercio y la inversión para perseguir casos de corrupción administrativa.
En ese aspecto, citó las investigaciones realizadas en el caso de sobornos de la constructora Norberto Odebrecht, por el cual siete personas están con medidas de coerción, entre ellos un senador, un exministro de Obras Públicas y otros exfuncionarios públicos.
Mencionó también el caso de la venta irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos, del Distrito Nacional, por el que fueron sometidas a la justicia 11 personas, al igual que la investigación de las irregularidades detectadas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), a raíz del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, hecho por el que ocho personas están con medidas de coerción.
Indicó que como resultado de la lucha contra el lavado de activos este año fueron decomisados cerca de 388 millones de pesos.
Fuente:Listin Diario
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