Si llueve, culpamos al Gobierno. Piove, porco governo, como dicen los italianos. Vivimos tan obsesionados acusando a quienes mandan de todos los perjuicios palpables que nos olvidamos de responsabilizarlos de los beneficios intangibles que pueden traer los Gobiernos. Y el más importante es crear un entorno propicio para el crecimiento económico a largo plazo. Un Gobierno de calidad —es decir, democrático, estable, efectivo, imparcial y no corrupto— es la vía más directa para la prosperidad social.
Cuánto ganaría la economía española si nuestras instituciones públicas tuvieran mejor calidad? Pues, más o menos, un 16% del PIB, o un aumento algo superior al 1% anual durante 15 años. Es la estimación de Francisco Alcalá y Fernando Jiménez en su informe Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en Españapara la Fundación BBVA. Eso crecería nuestra riqueza si tuviéramos no el mejor Gobierno de la galaxia, sino el que nos corresponde dada la productividad de nuestra economía.
Porque, y esa es una de las conclusiones más intrigantes del estudio, nuestras instituciones públicas van un paso, o dos, por detrás de nuestro sector privado. Empresarios y trabajadores españoles tienen que hacer un sobreesfuerzo para compensar unas instituciones públicas que presentan deficiencias.
Algunas áreas de nuestro sector público funcionan bien, y son incluso referencia internacional, como la sanidad. Son islas de excelencia en un archipiélago con disfunciones estructurales. Y no pueden servir de escudo para esconder los problemas del conjunto de nuestras Administraciones, como intentan hacer a menudo nuestros políticos.
El sector público español necesita mejorar en tres aspectos que, no por casualidad, caen dentro de la esfera de acción directa de los dirigentes de los poderes político y judicial, y no tanto de los funcionarios y empleados de las Administraciones. En comparación con el Gobierno que deberíamos tener de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, nuestras instituciones públicas tienen poca calidad regulatoria, respetan poco la ley y los contratos, y controlan poco la corrupción. La sensación —que quizás no es la realidad, pero importa mucho porque todos nos movemos por percepciones— es que el poder público se ejerce para beneficio privado. Toca revertirla. Llueva o brille el sol, no queremos un Gobierno cochino.
Fuente: El País/Víctor Lapuente
