Santo Domingo.- La reciente decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de no ratificar a tres jueces de las altas cortes ha desatado una ola de críticas en el sector jurídico, que califica la medida como un atropello a la institucionalidad y un grave retroceso para el sistema de justicia dominicano.
Lo que para muchos era un desenlace previsible, finalmente se concretó el pasado 3 de octubre, cuando el CNM anunció que Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón no continuarían en sus cargos, pese a sus extensas trayectorias dentro del Poder Judicial.
La decisión ha generado una fuerte reacción por parte de juristas y abogados, quienes consideran que el proceso careció de objetividad, transparencia y rigor técnico.
“Esto no es un tema de evaluación, es un acto político disfrazado de legalidad. Han atropellado no solo a los jueces, sino a toda la carrera judicial”, expresó el abogado David Laoz, visiblemente indignado.
En la misma línea se manifestó el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, quien advirtió que esta acción podría minar la confianza ciudadana en las instituciones.
“El CNM ha cometido un error grave. No solo se violaron criterios técnicos constitucionales, sino que se ha enviado un mensaje nefasto a los jueces que sí quieren hacer su trabajo con independencia”, afirmó Potentini.
El abogado Jhon Henríquez también se sumó al coro de voces críticas, calificando la decisión como un abuso de poder y una“injusticia flagrante contra magistrados que, según dijo, aún tenían mucho que aportar al país desde sus respectivas posiciones.
Según lo establecido en la Constitución Dominicana y las leyes procesales, la evaluación de jueces debe estar fundamentada en criterios claros como el desempeño profesional, la ética y los resultados comprobables de su gestión.
No obstante, los abogados consultados aseguran que estos parámetros no fueron respetados en el proceso llevado a cabo por el CNM. Por el contrario, consideran que se impusieron factores subjetivos y de conveniencia política.
La comunidad jurídica exige una revisión del procedimiento y mayores garantías para que las decisiones del CNM no se conviertan en instrumentos de presión o retaliación.
“El país necesita un sistema de justicia fuerte e independiente, y eso empieza por respetar a quienes han demostrado compromiso con la Constitución y la ley”, concluyó Laoz.
A medida que se intensifican las reacciones, el debate sobre la independencia del Poder Judicial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Los juristas hacen un llamado a la sociedad civil y a los organismos internacionales a observar con atención lo que ocurre en el sistema judicial dominicano.
PD
