Por: Licda. Lourdes Gómez
Abogada – Master en Derecho Civil
La pandemia del coronavirus contribuyó a adelantar la transformación tecnológica en el Poder Judicial impulsando a jueces, fiscales y abogados a accionar en justicia de manera virtual para evitar el retraso en decisiones que puedan proteger derechos fundamentales.
Este paso de avance hacia la digitalización va a contribuir a vencer los males que aquejan el sistema de justicia dominicano eficientizando y transparentando sus procesos para la obtención de mejores resultados.
Hasta hace unos años era imposible visualizar como las Tics podrían encajar en el ámbito judicial, pero, al visitar ahora la página del Poder Judicial, específicamente su Plan Estratégico denominado “Visión Justicia 2020-2024”, verificamos que dos de sus ejes estratégicos están encaminados en esa dirección: 1) “Justicia para todas y todos”, como el motor que impulsa la aceleración de la transformación del servicio de la administración de justicia para el beneficio de todas las personas y 2) “El servicio judicial oportuno y eficiente”, definido como: el eje transformacional por excelencia que presenta propuestas enfocadas en las necesidades de las personas usuarias del sistema, que cambian el juego del servicio judicial.
Es precisamente este eje que explica el cambio que se necesita en el sistema de justicia dominicano y que por tantos años los actores principales han pedido a gritos un sistema de justicia moderno, eficiente, rápido y efectivo.
No es posible que en la actualidad un divorcio por mutuo consentimiento en algunas jurisdicciones pueda tardar un año para emitir sentencia, siendo el tiempo normal dos meses para este tipo de divorcio, lo que es eminentemente administrativo.
Al indagar sobre la tardanza para evacuar sentencias, se alega la falta de personal y pocas salas de audiencias para la gran cantidad de solicitudes que reciben diariamente.
Con la incorporación recientemente de la firma electrónica se agilizará el tiempo de respuesta a los usuarios del Poder Judicial, quienes serán los más beneficiados cuando se implemente la digitalización de los expedientes, que abarcará desde la solicitud del servicio con la entrada al sistema, hasta evacuar la sentencia, en caso de requerirlo.
Representa un reto poner en marcha este ambicioso proyecto digital, pero con la capacitación adecuada del personal de justicia y la interconexión de las diversas aplicaciones que ya existen, estos serán un soporte para ponerlo a funcionar.
Según Latinobarómetro, alrededor de un 30% de los latinoamericanos confía en los tribunales y cerca de un 80% considera que en su interior existe algún nivel de corrupción.
Esta persistente desconfianza en la justicia es el resultado de una mezcla de factores: sistemas saturados, insuficiente personal entrenado, sobrecarga procesal, y la obsolescencia de muchas de las normas y prácticas.
Digitalizar la justicia la colocaría a la vanguardia y podría aumentar la confianza de sus usuarios al poder ver sus casos resueltos con mayor prontitud.
Por ejemplo, la saturación en los tribunales ha convertido a la Justicia en una institución lenta, descoordinada y cara, situación que tiene implicaciones más allá de los juzgados.
El 44% de los presos en América Latina están en prisión preventiva a la espera de juicio. Algunos países como Chile han venido construyendo sistemas de justicia digital desde hace varios años. Otros, como Perú y Colombia, han priorizado en sus agendas recientes la digitalización de sus sistemas de justicia.
Aunque el país ha sido lento el proceso de integrar las Tics al sistema de justicia, no es menos cierto que ya se están dando pasos claros y precisos de parte de los encargados de impartir justicia, el mismo será gradual, sistémico e integral.
Se requiere de la participación de todos para la creación de un sistema que tenga como características principales eficiencia, eficacia y un acceso a los servicios más transparente, lo que aumentaría la confianza en los ciudadanos.
El cambio comenzó y lo que se visualizaba lejano está como dirían popularmente “a la vuelta de la esquina”. Se trata de acabar con el cumulo de expedientes, y en algunos casos, muchos de ellos perdidos por la falta de espacio de los juzgados. Aunque el formato en papel no será erradicado, si se disminuirá su uso.
La digitalización del sistema judicial no será posible sin el apoyo de todos los sectores involucrados, tanto económico por parte del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo para trabajar la re-adecuación de leyes y reglamentos que permitan su implementación, solo así se podrá contar con el éxito de obtener una justicia rápida, eficiente y transparente, pero sobre todo accesible para todos.
