El juez José Alejandro Vargas dispuso libertad pero con medidas de coerción a nueve de los 10 imputados de integrar una red acusada de defraudar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con 4 mil 127 millones 525 mil 30 pesos, y excluyó una imputada del expediente.
El magistrado Vargas rechazó el pedimento del Ministerio Público de imponer prisión preventiva a los encartados y dictó arresto domiciliario contra Ramón Rafael Tremols Payero y dejó sin ningún tipo de coerción Maritselly de los Milagros Cruz López, representada por el penalista Manuel Sierra Pérez, quien adujo que contra su cliente el Ministerio Público no contaba con ni una prueba que la vinculara con los hechos que le imputaba la DGII.
En tanto que a Rafael Alberto Tremols Acosta, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Hervys Rafael Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz y Daniel de Jesús Tremols Cruz les impuso una fianza de 500 mil pesos a cada uno, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse el primer lunes de cada mes por ante el fiscal encargado de la investigación.
A Eddy Samuel Tremols Payero, gerente financiero del grupo, y a Doris Alexandra López Urbáez, sindicada como la persona que constituía las compañías, se les impuso el pago de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse el primer lunes de cada mes por ante el fiscal encargado de la investigación y un brazalete electrónico para controlarle su movilidad.
La más gravosa
Al imputado Ramón Rafael Tremols Payero, el juez le atribuyó la responsabilidad del fraude fiscal y le impuso tres meses de arresto domiciliario, un brazalete electrónico y el pago de 5 millones de pesos en efectivo para obtener su libertad e impedimento de salida del país.
El juzgador entendió que no era necesario declarar complejo el caso por entender que con la cantidad de pruebas que tiene el Ministerio Público y la parte querellante en tres meses pueden presentar su acusación.
La única que quedó sin medida de coerción fue la cliente de Sierra, quien demostró en el tribunal que su defendida no tuvo nada que ver con el supuesto entramado fraudulento.
El juzgador
“Yo creo que la gente está mareada con el tema de los impuestos, ya hay que aceptar la realidad que existe, porque el Estado ha ido cercando al ciudadano para que pague sus impuestos”, precisó el magistrado Vargas antes de emitir su falló y donde hizo énfasis en la necesidad de que los ciudadanos paguen los impuestos para que el Gobierno pueda ofrecer mejores servicios.
“Cuando se va la energía eléctrica o cuando falta algo en un hospital la gente dice qué Estado es este, ningún funcionario saca dinero de su bolsillo para resolver un problema, es del bolsillo de los contribuyentes y eso hay que entenderlo”, aconsejó el magistrado.
Consideró que la cultura de evadir el pago de impuestos deja más mortificación y consecuencias negativas que el propio beneficio.
“Yo creo que esa época pasó, yo creo que la gente lo que tiene que hacer es pagar sus impuestos ajustarse a las reglas de juego que nosotros ya tenemos. Yo tengo que ponerle medidas de coerción porque están vinculadas. Aquí nadie es tonto para no saber que Ramón Rafael creó esa compañía y que ha llevado los hermanos para allá”, dijo el magistrado a los encartados.
Trama fraudulenta
Según la DGII actual mente el fraude ronda los 9 mil millones de pesos con los intereses.
Según la acusación desde el 2009, el Grupo Tremols Payero, dedicado a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, emprendió con la trama fraudulenta utilizando varias empresas compuestas por sociedades fantasmas que realizaban operaciones cruzadas ilícitas, en función de sus intereses económicos.
Desde el pasado año, el Ministerio Público inició la investigación del caso.
El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Dennis Silvestre, quien solicitó prisión preventiva y la DGII por el abogado Francisco Álvarez.
Al término de la audiencia el abogado de los hermanos Tremols Payero, Miguel Valerio, dijo que el juez estableció que ese caso se podrá resolver en una mesa.
Valerio llamó a la DGII para que el lunes o el martes se sienten a revisar la situación “porque cómo es posible que ellos digan que se traía alcohol sin permiso y todos los permisos los depositamos hoy”.
Estas compañías supuestamente reportaban a la DGII una serie de gastos millonarios producto de compras ficticias, realizadas a otras empresas que no tenían esta capacidad de venta, ni guardaban relación con su actividad económica.
Compañías
Las compañías involucradas son Suplidores Generales Dominicanos (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, Bodegas Iberia, Dominicana Hotel Register Company (Doterco), Licores y Bebidas Dominicanas, Constructora Apen, Inmobiliaria E.J.T., Licores Royal y otras.
Fuente:El Nacional
