Santo Domingo. La presidencia del Tribunal Superior Administrativo inició este lunes el conocimiento del recurso depositado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) y Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA) en contra de la resolución 21/2018, del 6 de junio del 2018, emitida por el Consejo de Poder Judicial (CPJ), que establece nuevos impuestos para los servicios de actos notariales de 350 y 550 pesos, usurpando funciones de las Direcciones de Registros Civiles de los Ayuntamientos.
El tribunal, presidido por Rafael Vásquez Goico, pospuso la audiencia para el 8 de octubre para darle oportunidad al Consejo del Poder Judicial que tome comunicación sobre la intervención de FEDOMU. Rafael Hidalgo, presidente de FEDOMU, afirmó que los alcaldes de todo el país estarán en pie de lucha para evitar la aplicación del referido impuesto que es ilegal, porque la aplicación de nuevos impuestos debe de ser aprobada por el Congreso Nacional y no por una entidad en especial. Explicó que con esta decisión el Consejo del Poder Judicial se toma atribuciones que no le confieren, crea confusión y podría generar una doble tributación en la población, ya que el manejo de dichas tasas es responsabilidad de las Direcciones Registros Civiles de los Ayuntamientos, según la Ley 23-34 de Registro Civil.
Mientras que Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, reiteró que la resolución es inconstitucional porque rebasa las atribuciones del Consejo del Poder Judicial, que se ha instaurado por encima de la Ley, atentando en contra de una atribución consagrada en la Ley 23-34 de Registro Civil. Surun Hernández advirtió que esto es solo el principio para despojar a los ayuntamientos de sus fuentes de ingresos, ya que comenzaron primero con los poderes y testamentos que dice la Ley 140-15, ahora contradiciendo la referida Ley, cambian no solo los poderes y testamentos, sino también todos los actos auténticos y que mañana serán los actos de alguacil.
A través de un documento leído por los directores ejecutivos de FEDOMU y Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Altagracia Tavárez y Pedro Richardson, se establece que con esta convocatoria nacional “queremos enviar el mensaje al resto de los poderes del Estado y a la sociedad en general de que no es viable continuar por este camino de acciones que atentan y limitan la autonomía municipal, la cual está amparada en la Constitución, por lo que no nos detendremos hasta que las medidas injustas y violatorias de esta autonomía constitucional sean revocadas”.