El Gobierno conservador de Sebastián Piñera presentó esta semana en el Parlamento su proyecto de reforma del sistema de pensiones, que busca solucionar un problema sobre el que existe un consenso transversal: las pensiones son muy bajas respecto del nivel de vida que tienen los ciudadanos en su etapa activa. La propuesta no es una contrarreforma al sistema de capitalización individual que debutó en Chile en 1981, cuando fue pionero a nivel global, y que podría ser imitado por países como Brasil. Se trata, sobre todo, de una corrección, que según la oposición de izquierda y centroizquierda es demasiado discreta y requeriría de una transformación mayor.
La iniciativa considera, entre otros aspectos, el aumento de la tasa de cotización obligatoria en 4 puntos porcentuales, del 10% al 14%. Pero como se trata de un asunto complejo donde están en juego visiones de país diferentes, la discusión en el Congreso será larga. De acuerdo a los cálculos del Ejecutivo, el debate se prolongará al menos por todo 2019, con lo que el nuevo sistema entrará gradualmente en vigor desde 2020.
“Lo que se propone es un ajuste técnico”, explica el economista Hernán Cheyre, director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. “El proyecto del Gobierno insiste en que el camino eficiente para construir pensiones es la capitalización de los ahorros y, de hecho, lo amplía del 10% al 14%. Esos cuatro puntos adicionales siguen yendo a cuentas individuales que se capitalizan, no entran a un sistema de reparto”.
El autor del sistema vigente –que debutó hace casi 40 años, en dictadura–, es el hermano del actual presidente chileno, el economista José Piñera, que fue ministro de Trabajo y Previsión Social de Auguto Pinochet. No era un Chicago boy –los economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago que impulsaron el programa económico ultraliberal durante el régimen–, “pero se cuadró con la ideología”, explica la periodista Carola Fuentes, realizadora de la película Chicago boys de 2015.
Existe algún grado de consenso en que el sistema de reparto que existía hasta 1981 prometía un desfinanciamiento estructural. “Estaba en crisis desde mucho antes. En 1958, un famoso economista socialista, Aníbal Pinto, escribió sobre la fantástica ilusión que era el sistema previsional chileno que se había transformado en un monstruo de mil cabezas y que no guardaba relación con la realidad de la economía chilena”, indica Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile.
Para Cheyre, la de 1981 fue una reforma de vanguardia: “Mecanismos de ahorro para la previsión existían hace mucho tiempo en el mundo, pero como complemento a los sistemas tradicionales. Lo inédito fue concebir un sistema nacional de previsión basado en el ahorro y en la capitalización individual de los fondos”. Explica las bases del modelo: “Cada persona hace un esfuerzo individual de ahorro, es dueña de los recursos y una vez que termina su vida laboral activa, recibe una pensión en función del dinero que logra acumular”.
Empresas privadas, las administradoras de fondos de pensiones (AFP), son las que gestionan estos ahorros: los invierten en la bolsa de valores y otros instrumentos financieros. Los afiliados pueden elegir la institución y el fondo donde pondrán su dinero, que se diferencian según el riesgo. Larraín explica que “todo el riesgo financiero lo gestiona la AFP, pero lo sufre –tanto para arriba, como para abajo–, la persona. Todo el riesgo que antes tenía el Estado se lo transfirieron a las personas”.
No existe ningún consenso sobre su funcionamiento. Cheyre, por ejemplo, señala que “el sistema de AFP ha funcionado muy bien”. “No se ha perdido ningún peso de ningún trabajador y la rentabilidad ha sido incluso por encima de lo que se pensó en el momento del diseño. Los precios que cobran por el servicio a los afiliados se encuentra en un nivel que está en la media de los países de OCDE”, dice. Existen, sin embargo, miradas críticas.
La coordinadora No + AFP, conformada por distintas agrupaciones ciudadanas, ha logrado convocar a miles de personas en las calles del país para exigir que las autoridades se comprometan a cambiar el sistema que –según reclaman– resulta deficiente para la inmensa mayoría de los ciudadanos. En julio de 2016, solo en Santiago de Chile unas cien mil personas marcharon para exigir un nuevo mecanismo. Fue un asunto central de la campaña presidencial del año pasado, donde ganó holgadamente la derecha.
Poco dinero para muchos
“¿Sabías que al mes de septiembre de 2018, las AFP acumulan ganancias por 864.602.359 pesos chilenos diarios [1.279.000 dólares]? Estas ganancias se componen principalmente de la comisión obligatoria que deben pagar quienes cotizan. Este sistema entrega grandes beneficios a sus dueños y empresas donde invierte”, señalaba hace unos días a través de Twitter la Fundación Sol, que investiga sobre el mundo del trabajo en Chile, con un enfoque crítico de desarrollo. “La mitad de las personas que cotizaron entre 30 a 35 años y recibieron su primera pensión en septiembre de 2018, no lograron autofinanciar un monto superior a 255.000 pesos chilenos [unos 377 dólares]”.
El nivel de las pensiones no solo está por debajo de las expectativas de la gente, sino que es inferior a lo que pensaban quienes diseñaron el modelo. “¡Fin del drama de los jubilados!”, señalaba el ministro José Piñera a comienzos de la década de los ochenta. En las bajas pensiones ha influido el aumento de las expectativas de vida: los fondos acumulados deben distribuirse en un periodo mayor. Un segundo elemento es la densidad de cotizaciones: la ciudadanía no ahorra ininterrupidamente durante 30 o 35 años, como se pronosticaba. “De los hombres, un 20% ha cotizado entre un 0% y 20% de todo el período en que trabajó. En el caso de las mujeres es peor: un 35% de ellas ha cotizado entre un 0% y 20% de todo el período en que trabajó”, indica Cheyre.
Larraín señala que “los sistemas en el mundo no es que estén avanzando hacia la capitalización, sino que incorporando compotentes de ahorro individual en sistemas que son de reparto”. Respecto del debate en Chile, no es del todo optimista: “Existe gente que defiende el sistema de AFP por razones ideológicas y otras que lo ataca por razones ideológicas”. “Nos va a costar encontrar una solución”, señala el economista.
INCENTIVOS PARA EXTENDER LA VIDA LABORAL
El proyecto de reforma a las pensiones presentado por el Gobierno de Piñera considera aumentar la tasa de cotización de los trabajadores del 10% actual a un 14%. Estos cuatro puntos porcentuales extra serán con cargo a los empleadores, se hará de manera gradual en ocho años –para evitar efectos en la generación de empleos– y serán destinadas a cuentas individuales.
Adicionalmente, con fondos fiscales se fortalecerá el Pilar Solidario –con que se pagan las pensiones de la gente vulnerable– y se introducirán beneficios especiales a las mujeres y a quienes opten de manera voluntaria por extender su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, que hoy es de 60 años para las trabajadoras y 65 para los trabajadores.
Si bien el 4% extra será administrado por nuevos actores y no necesariamente las mismas administradoras de fondos de pensiones (AFP), el principal argumento de la oposición apunta a que esta reforma mantiene intacto el sistema vigente. Como ha reconocido el Gobierno, las pensiones en Chile son bajas y su modificación fue puesta en la agenda por el movimiento ciudadano No + AFP, que exige el reemplazo del modelo actual por un sistema de reparto, considerado por los expertos inviable en un país que envejece.
Fuente: El País/ Rocío Montes