La política indiscriminada de ajuste presupuestario aplicada entre 2012 y 2018 ha causado un daño considerable en las redes ferroviarias españolas. Prácticamente se han suspendido las inversiones en el mantenimiento y ampliación de la red ferroviaria convencional, que es la que usan el 80% de los viajeros, mientras que se ha sostenido, incluso ampliado en algunos casos, la inversión en Alta Velocidad, el objeto más deseado en los programas políticos de los partidos. Los números son elocuentes: la red convencional recibió en los últimos 10 años 640 millones de inversión y a un ritmo descendente: en la red de AVE, durante el mismo periodo, se invirtieron 3.140 millones.
Esta política inversora, agravada además por el deterioro del parque nacional de locomotoras, tiene que cambiar drásticamente. El pésimo estado de la red ferroviaria en Extremadura, el malestar continuado que provocan los incidentes en las redes de cercanías en zonas con una gran densidad de tráfico y las carencias evidentes de la red de ferrocarriles obligan a pensar en un reforzamiento del tren convencional, que es el que realmente soporta el tráfico de pasajeros y mercancías en España y articula la integración territorial del transporte.
El transporte por ferrocarril es, además, una pieza básica para la transición energética que pretende coordinar la Unión Europea. El transporte de mercancías por carretera tiene que reducirse drásticamente, con el fin de moderar la emisión de contaminantes atmosféricos, y sustituirse de forma continua y persistente por el transporte de mercancías por ferrocarril. Pero en esta transformación, obligada por las razones expuestas, el Estado tropieza de nuevo con las dificultades presupuestarias. El ferrocarril necesita de una transformación estructural, lenta, pero apreciable, que tiene que sostenerse con inversión. Continuar con la política de ajuste a ultranza es dañino porque perjudica a las estructuras de integración social y territorial. Una de ellas, en concreto, es la política ferroviaria que necesita el país para los próximos 50 años.
Fuente: El País
