Santo Domingo.- El Ministerio Público de Paraguay informó este lunes que la bóveda hallada en la mansión del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, es “de gran complejidad” y “se abrirá con el equipo adecuado”, según indicó la agente fiscal Silvia González. Los investigadores encontraron además computadoras, otros dispositivos y documentos que “podrían ser importantes”.
El fiscal Christian Benítez explicó que solo lograron abrir la primera puerta, oculta tras una pared falsa, pero no superar la segunda barrera de seguridad. Dijo que harán “todo lo posible” para ingresar y que pedirán apoyo de especialistas para definir el procedimiento.
Entre las opciones, la Fiscalía evalúa trasladar a la esposa de Peña, Leticia Ocampos, para comprobar si su iris está autorizado en el sistema de reconocimiento de la bóveda. También podría consultar a otros familiares, aunque no están obligados a colaborar. Por ahora, descartó llevar al propio Peña al lugar.
Como última alternativa, los fiscales analizan una detonación controlada, que reconoció podría dañar el contenido y la estructura, pues sobre la bóveda hay una piscina y la propiedad está en un terreno elevado. Benítez aclaró que se trata de “un análisis nada más” y que serán los expertos quienes definan la mejor forma de abrirla. Los investigadores manejan la hipótesis de que sea una habitación de seguridad.
El allanamiento comenzó poco antes de las 19:00 del domingo y se reanudó este lunes a las 7:00. Según medios locales, el sistema de seguridad exige códigos de acceso y múltiples verificaciones, entre ellas el reconocimiento del iris. La Fiscalía no ha informado qué hay dentro de la bóveda, y la defensa de Peña no ha emitido comentarios.
La Fiscalía sostiene que Peña financió la construcción de la vivienda, entre 2024 y 2025, con dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes (unos 600.000 dólares), otorgados cuando era presidente. La obra costó unos 7.700 millones de guaraníes y la propiedad está valuada en 2 millones de dólares.Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central el 3 de noviembre.
El Senado destituyó a Peña el viernes y el sábado el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva. Fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, y la Fiscalía calcula un perjuicio de unos 809 millones de dólares. Peña niega los cargos.
7D
