Santo Domingo.- El PLD exige poner fin a las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Sugiere reforma policial centrada en derechos e investigación de la responsabilidad de mando en los hechos.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su profunda preocupación ante el continuo incremento de muertes a manos de la Policía Nacional, catalogadas de manera recurrente por las autoridades como «intercambios de disparos».
La entidad política advirtió que esta situación no puede seguir siendo ignorada, al tiempo que remarcó que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una práctica de eliminación física de personas.
hizo este lunes en su tradicional rueda de prensa, teniendo a Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, como vocero; el también vicepresidente, Yván Lorenzo, José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos y Sigfrido Pared Pérez, coordinador de la Comisión de Seguridad y Defensa del PLD.
De acuerdo con datos citados por la organización, durante septiembre de 2026 se registraron 55 muertes en intervenciones policiales. Asimismo, refirió que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que en los primeros meses del año más de 180 personas perdieron la vida en operativos de las fuerzas del orden.
El PLD subrayó que resulta alarmante la falta de información detallada y estadísticas transparentes por parte de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones iniciadas y los agentes sometidos a la justicia.
Enfatizó que, si bien la policía tiene derecho a defenderse ante amenazas reales, la rendición de un ciudadano exige su inmediata detención y sometimiento a la justicia, jamás su ejecución.
En su declaración, el partido morado recordó que el artículo 7 de la Constitución define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, mientras que el artículo 37 consagró la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte.
«En nuestro ordenamiento constitucional, ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución», resalta.
Asimismo, remarca que el respeto a las garantías constitucionales aplica para todos los ciudadanos sin importar su historial penal o las acusaciones en su contra, señalando que la sociedad no solo debe vivir sin miedo a los delincuentes, sino también sin temor a quienes portan armas en nombre del Estado.
PD
