Opiniones

Cuando la palabra se disfraza: entre la libertad de expresión, la difamación y el chantaje

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Por: Juan Belén

En una sociedad democrática, el derecho a expresarse libremente constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Sin embargo, cuando ese derecho se utiliza como máscara para encubrir acciones ilícitas como la difamación y el chantaje, se convierte en una distorsión peligrosa que hiere no solo la honra individual, sino la salud moral de toda la comunidad.

Las redes, convertidas en verdaderas atalayas digitales, permiten a individuos parapetarse detrás de una pantalla y disparar dardos incendiarios que buscan quebrantar la integridad de ciudadanos, con o sin razón, con o sin evidencia. Este uso irresponsable no solo erosiona la reputación de los señalados, sino que también genera traumas familiares, especialmente en los niños, quienes por su corta edad no logran comprender los hechos en su justa dimensión.

En la República Dominicana, la libertad de expresión está consagrada en el artículo 49 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio. No obstante, como bien señala el mismo texto constitucional, este derecho no es absoluto, y su ejercicio debe respetar el derecho al honor, a la intimidad, a la dignidad y a la moral.

Imagen de manifestantes haciendo uso de la libertad de expresión.

El Código Penal dominicano, aunque aún en proceso de reforma integral, establece en sus artículos 367 al 372 las figuras penales de la difamación e injuria. La difamación, definida como la imputación de un hecho que atente contra el honor o la consideración de una persona, puede acarrear penas privativas de libertad y sanciones económicas cuando se difunde de forma pública. Más aún si se realiza por medios escritos, audiovisuales o digitales, pues su impacto se multiplica en una era donde la viralidad supera la verdad.

Ilustración que expresa la extorsión y el chantajes moral a través de los medios digitales.

En este contexto, el chantaje (extorsión moral o económica basada en amenaza o coacción) es una figura penal aún más grave, tipificada en el artículo 400 del Código Penal. Quien amenaza con divulgar información (cierta o falsa) con el propósito de obtener ventajas indebidas, incurre en una falta no solo contra una persona específica, sino contra la justicia misma. El chantaje, disfrazado de denuncia, muchas veces se ampara en la supuesta defensa de lo público para encubrir fines personales o políticos.

Esta tríada de conceptos —libertad de expresión, difamación y chantaje— requiere un debate público sereno, informado y comprometido. No podemos permitir que el periodismo, la opinión ciudadana o el activismo se conviertan en instrumentos de destrucción moral sin consecuencias. Al mismo tiempo, debemos proteger el derecho legítimo a denunciar hechos reales, sin miedo a represalias judiciales injustas.

La solución no está en censurar, sino en educar. No en silenciar, sino en discernir. La diferencia entre crítica constructiva y difamación está en la intención y en la prueba. Quien opina desde la buena fe y la evidencia, construye. Quien acusa sin pruebas o busca manipular, destruye. Y quien chantajea, degrada la convivencia cívica.

La democracia necesita voces libres, pero también responsables. La palabra es un derecho, pero también un deber. Hoy más que nunca, urge recordar que, detrás de cada expresión, hay un rostro humano, una reputación y un sistema de justicia que merece respeto.

Por Juan Belén

El autor es psicólogo y analista político.

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